EL CAMBIO de la ley electoral para que gobierne el partido más votado es como el monstruo del Lago Ness: reaparece de forma regular, aunque nadie se atreve a describirlo con certeza. Su último avistador, Mariano Rajoy, ha vuelto a reclamar, a cuenta ahora de las autonómicas gallegas, una reforma que, según él, debería reducir el protagonismo nacionalista en el Gobierno de España y de sus autonomías. En realidad, Rajoy, como antes otros, diagnóstica mal el problema ante el que estamos, lo que le lleva a proponer una solución equivocada. Pues la cuestión no consiste en que en España no gobierne el partido más votado: de hecho, eso puede ocurrir en todos los sistemas parlamentarios, sistemas en los que el Gobierno corresponde a las fuerzas que están en condiciones de fraguar la mayoría. Nuestra peculiaridad es que los partidos bisagra que sostienen en el Gobierno a quien ha ganado con mayoría relativa (Zapatero, por ejemplo) o a quien, no habiendo ganado, puede asegurar la mayoría (Touriño, por ejemplo) son fuerzas nacionalistas, cuya posición de privilegio tiende a provocar efectos devastadores sobre la cohesión territorial y la estabilidad constitucional y estatutaria. Contrarrestar esos efectos reduciendo la proporcionalidad del sistema electoral no sólo sería poco democrático sino que podría provocar un efecto bumerán: un incremento del peso electoral de los nacionalistas, que presentarían el ataque contra ellos como un ataque dirigido en realidad contra sus respectivos territorios. Es cierto, sin embargo, que el hecho de que nuestras bisagras (salvo IU) sean siempre nacionalistas ha sido en el pasado, y es hoy, la causa principal de centrifugación del poder territorial: basta con hacer un balance del año de Gobierno socialista para constatarlo con toda claridad. El oponerse a ese modelo ha llevado al PP a una situación de aislamiento político, insólito es sí mismo, que suele explicarse echando mano del radicalismo derechista del grupo de Rajoy. Sin negar tal radicalismo, que es verdad, no lo es menos que la negativa del PP a entrar en la puja de la centrifugación territorial es la última línea de defensa del Estado autonómico actual, una vez que la del PSOE se ha debilitado, al haber caído prisioneros varios de sus defensores tras los pactos con independentistas y nacionalistas radicales. Sé que no es correcto políticamente decirlo ya desde la izquierda, pero las cosas son así: si la línea del PP y la queda del PSOE cedieran finalmente, al entrar también en la tómbola autonómica, a los defensores del Estado federal y democrático actual ya sólo nos quedaría quizá salir en desbandada.