EL DERECHO de manifestación es esencial al hecho democrático, y alcanza a todos los asuntos considerados lícitos. Pero después de la definición viene la práctica, y, como ocurre en todos los ámbitos, hay que tener en cuenta algunas restricciones jurídicas, políticas y de sentido común. Así, por ejemplo, está prohibido manifestarse en días o lugares sensibles, en itinerarios conflictivos, o en horas intempestivas. Y nadie piensa, por eso, que un país deja de ser democrático. En términos de pura racionalidad, una manifestación no es más que un pueblo que se organiza para enviar mensajes al poder. Y por eso no le veo sentido a que el Gobierno salga a la calle, por ejemplo, en una manifestación contra ETA. Porque un ministro en una manifestación es lo mismo que una persona que habla sola. Y un pueblo que se manifiesta contra una organización criminal entra en la grave contradicción de reconocerle el estatus de interlocutor que en teoría le quiere negar. Que un ciudadano se manifieste contra el matrimonio homosexual tiene sentido. Pero no puedo entender qué hace un obispo en la calle, potenciando un slogan simple y confuso, cuando dispone de innumerables oportunidades para proclamar un mensaje moral complejo e independiente. Si los obispos quieren decirnos algo pueden hacerlo en los púlpitos, en la COPE, en los periódicos, en los catecismos, en sus Universidades y seminarios, en los espacios gratuitos de la televisión, en la Radio Vaticana, en los mensajes y encíclicas papales, en los congresos eucarísticos, en los miles de bodas que celebran, en los confesonarios, en los encuentros con el gobierno y en un sinfín de actos y documentos que producen cada año dentro y fuera de los templos. Cuando un obispo se echa a la calle no lo hace para explicarse, ni para clamar en nombre de Dios contra algo que considera antinatural, sino para conseguir un efecto político, y para combatir en su terreno el laicismo activo y desacralizador que practica Zapatero. Y eso es una equivocación gravísima. Porque quien a política hiere a política muere, y porque un gobernante como Zapatero, más devoto de Giner de los Ríos que de San Antonio de Padua, debe estar encantado al ver que la Iglesia se alía con la extrema derecha, confundiendo su mensaje con las frustraciones electorales del PP, y aceptando que los pulsos morales se echen en la calle. Si yo fuese diputado, y católico como soy, votaría contra una ley que considero equivocada, si no en su finalidad, sí en sus caminos. Lo que nunca haría es ir de «manifa» con los obispos. Porque en el terreno de la moral, donde los obispos se mueven, vale más una firme convicción que un millón de manifestantes.