MIENTRAS se fragua el fraude del voto emigrante, mientras la TVG manipula la información y los tiempos a caño libre, mientras la Xunta se gasta nuestro dinero en la campaña americana, mientras los partidos evidencian la doble contabilidad que hace posible el despilfarro de sus campañas, mientras se declaran legales las dobles páginas de propaganda pseudoinstitucional que dominaron la precampaña, y mientras se permite que los ayuntamientos se conviertan en puras maquinarias de partido, la Junta Electoral de Lalín acaba de multar a la Consellería de Sanidade y al Concello de Silleda por inaugurar un magnífico centro de saúde que está terminado y funciona con normalidad. José María Aznar inauguró la nueva terminal de Barajas en tiempo de elecciones y cuando estaba a medio hacer, y colgó su placa de bronce cuando faltaban dos años para la llegada del primer viajero. Pero Lalín es diferente. Y, aunque la prohibición del acto fue dictada cuando el centro de saúde ya estaba inaugurado, a los jueces y letrados que integran el órgano electoral no les pareció mala idea aplicar su mentalidad de picapleitos a un proceso de naturaleza política que no acaban de entender ni saben proteger. En términos políticos puede decirse que los procesos electorales de España, incluidos los gallegos, están entre los más limpios del mundo. Pero en términos jurídicos nuestra administración electoral adolece de una excesiva tutela judicial que sólo sirve para retrasar los trámites de cambio, para aplicar criterios de tiquis-miquis a la revisión de las papeletas, y para que la vigilancia electoral devenga en formas de control que confunden la anécdota con la categoría. Más allá de la ternura que despierta esta diligente Junta Electoral de Lalín, también se me viene a la mente el pobre cartero convertido en chivo expiatorio de un fraude consentido, o el miembro de una mesa electoral multado por llegar tarde a su cita, mientras sigo esperando a que un tribunal de cuentas o una junta electoral de cualquier nivel se atreva a entrar de verdad en la financiación de las campañas, en la actuación de los medios de comunicación públicos y privados, y en todos los grandes temas que enturbian el lenguaje de las urnas. Nuestra administración electoral fue buena para la transición. Pero ahora se hace necesario rebajar el protagonismo de los jueces y aumentar el de los ciudadanos, acortar plazos y solemnidades, y deslegalizar esta serie de chorraditas que, sin pasar del inocente género de lo discutible, ocupan las mentes y las dietas de las juntas electorales. Porque la limpieza electoral depende de la cultura política, y no de la irrupción esporádica de los picapleitos.