NO HACE FALTA ser adivino para leer en los posos que han dejado los polvos del primer debate sobre el estado de la nación de la nueva era socialista. Y es que, tras apagarse las luces del Congreso, han quedado clarísimas tres cosas: que el PSOE y el PP han decidido, cada uno por su cuenta, hacer de la política antiterrorista la joya de la corona de su lucha por el poder; que no habrá reforma constitucional y que seguir hablando de ella es una forma como otras de engañar al respetable; y que el PSOE deberá afrontar el proceso de reformas estatutarias sin contar con el PP. Lo primero es, sin duda, lo más grave. El PP está plenamente persuadido de que Zapatero fracasará en su intento de acabar con ETA por la vía del diálogo, lo que podría convertir ese fracaso no sólo en una predicción, sino también, como han anticipado ya Blanco y Rubalcaba con su habitual maledicencia, en una profecía autocumplida. Ello añadiría un riesgo más, y no pequeño, a los que ya corre Zapatero con su apuesta de cambiar la única política antiterrorista que ha dado resultados constatables por otra cuyos peligros son muy superiores a sus posibilidades de triunfo. Un triunfo sobre el que las últimas bombas de ETA envían el peor de los presagios; esa ha sido, de momento, su única respuesta conocida a la oferta del Gobierno. Que la reforma constitucional no puede hacerse sin contar con el PP es sencillamente cosa de aritmética: sus 148 diputados son 8 más de los 140 que un partido necesita para vetar cualquier reforma en el Congreso. Por tanto, visto lo visto, seguir dándole vueltas a una reforma constitucional impracticable puede tener interés académico pero, políticamente hablando, no es más realista que las ensoñaciones de la lechera con su cántaro. Y, para acabar, los Estatutos. Obviamente, el Gobierno podría intentar aquí sacar adelante sus planes de reforma en algunos territorios -el País Vasco y Cataluña- sin contar con el PP y podría aprobar, después, esas reformas en las Cortes con el apoyo de comunistas y nacionalistas. Sería ese un cambio radical en nuestra historia reciente, que ha sido hasta la fecha la del acuerdo entre los dos grandes partidos estatales en el diseño del sistema autonómico español. No es difícil concluir, así las cosas, que, como el cartero, el resultado de las generales del 2004 también llamará dos veces por lo menos. Y que tras un primer paquete de ampliación de los derechos, podría llegar un segundo envío lleno de veneno: pero ni el interés de Rajoy en llegar a presidente, ni el de Zapatero en seguir siéndolo, justificarían que un país entero se viera abocado a beber a la fuerza de ese cáliz.