EL TRIBUNAL de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha sido muy claro. El juicio por traición a Abdulá Ocalan no fue justo. Desde la espectacular detención, por no llamarlo, secuestro, en Kenia, del enemigo público número del Gobierno turco, hasta el larguísimo período de encarcelamiento, en un régimen de aislamiento absoluto y sin asistencia de letrado, todo el procedimiento estuvo marcado por la más absoluta ilegalidad. Cierto que los delitos que se imputaban al preso eran de la máxima gravedad, cierto que su vocación luchadora era irrefrenable y el peligro que suponía, máximo; cierto también que la única forma para poder capturarlo era recurrir a una operación de máximo secreto, pero todo ello no obstaba para que Turquía, un país que se define a sí mismo como moderno y europeo, respetase la legalidad. Más allá de este caso concreto, los crímenes de honor cometidos continuamente contra las mujeres que se rebelan contra el orden islámico, que las considera personas de segunda y sin derecho a decidir sobre su vida privada, consentidos por las autoridades, junto con la férrea y terrible represión, aislamiento y sometimiento de los millones de kurdos que viven en Turquía, son muestra clara de que este país no ha respetado ni respeta los derechos humanos, lo que constituye un escollo infranqueable para que pueda tener opciones de entrar en la Unión Europea. Al margen de que la pequeña parcela de territorio turco que puede considerarse en el continente europeo no es motivo suficiente para aceptarlo, su tradición, su cultura, su historia y, para qué negarlo, la confesión religiosa de sus ciudadanos, lo sitúan más fuera que dentro de los parámetros europeos. Por todo ello, una trayectoria tan alejada de la europea en cuestión de derechos humanos, pese al lavado de cara, no puede dejar margen al beneficio de la duda sobre su enmienda, por lo menos a corto o medio plazo. El Tribunal de los Derechos Humanos así lo ratifica.