NO SÉ si Mariano Rajoy está plenamente convencido de lo que dijo en su apocalíptico discurso con motivo del debate del estado de la Nación, o si trataba simplemente de construir un muro de protección frente a los halcones de su partido ante la más que probable derrota del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas de Galicia. En el primer caso, estaríamos ante un dirigente que, incapaz de definir un proyecto político propio y de consolidarse como un líder de la oposición valorado y solvente, ha arrojado definitivamente la toalla y ha hecho suyo el discurso del sector más duro del partido, que añora el liderazgo de Aznar y considera que en España sólo se producen cambios en medio de una fuerte tensión y crispación social. La segunda explicación no dejaría mejor parado al presidente del PP. En tal supuesto, nos encontraríamos ante un oportunista político dispuesto a poner todo patas arriba, incluida la lucha antiterrorista, con tal de mantenerse en el machito. Objetivo que, de todos modos, no lograría alcanzar si, como hasta ahora, salda cada comparecencia electoral con una estrepitosa derrota. Y la experiencia histórica muestra fehacientemente que con un discurso ultramontano la derecha nunca ha sido capaz de ganar unas elecciones. Así pues, sean cuales sean los motivos que han llevado a Rajoy a realizar su inconcebible intervención en el Congreso de los Diputados, ésta lo descalifica como dirigente político fiable y lo invalida para encabezar una alternativa de gobierno. Pero, como se puso de manifiesto en el debate, los problemas del principal partido de la oposición no se agotan en este capítulo. Aislado del resto de las fuerzas políticas españolas, desaparecido en Europa, incapaz de asumir las verdaderas causas que le condujeron a la derrota electoral y huérfano de un proyecto político alternativo, el PP está condenado a sufrir en el próximo futuro fuertes turbulencias internas, de las que Mariano ya no podrá salir indemne. Porque, aunque a la dirección del Partido Popular le resulte incomprensible, los ciudadanos no queremos retornar a una época -la del aznarismo- en la que la restricción al debate político era norma; en la que el adversario era considerado un enemigo; en la que el discrepante era política y moralmente descalificado y en la que expresar un simple matiz con la línea gubernamental era considerado un síntoma que anunciaba la reencarnación de la antipatria. «Difícilmente vamos a pasar un año peor que el 2004», me confesaba con optimismo a principios de año un alto dirigente del PP. Se equivocaba, lo peor aún está por llegar.