LA LLAMADA profundización autonómica en la que insiste el Gobierno socialista, unida a su confusa apuesta por la paz en el País Vasco, tiene las trazas de llevarnos en unos años hacia un modelo confederal nada viable. En el horizonte de este diseño constitucional se adivinan como poco tres sujetos constituyentes en vez de uno. España pasaría a ser un ente compuesto por al menos vascos, catalanes y resto de españoles, tres o más unidades «nacionales», cada una con intereses propios y con frecuencia contradictorios y sin el arbitraje claro de un gobierno y un parlamento de ámbito nacional con capacidad decisoria. Es una perspectiva política preocupante, en la casi todos perderíamos y que no ofrecería estabilidad, ni siquiera durante 25 años más, como predican los que justifican la alteración de los fundamentos de la Constitución de 1978 y desprecian el amplio consenso que permitió el éxito de la transición a la democracia. Aún así, el presidente Rodríguez Zapatero parece abierto a pagar un alto precio político a cambio de anunciar al mundo el final del terrorismo etarra. Los nacionalistas vascos maniobran para posar en esta foto y obtener algo muy parecido a lo que proponía el Plan Ibarretxe, aunque no lo llamen así y ya no tengan necesidad de probar su poco apego al Estado de Derecho convocando un referéndum ilegal. Estaríamos ante una reedición del soberanismo vasco disfrazado de plan de paz, sólo que esta vez alentado por el Gobierno español. Al pagar un precio político, se verían recompensadas las actitudes de indiferencia hacia las víctimas, la comprensión y la complicidad con los verdugos o la identificación plena con ellos. Una mitad de los vascos, la que no comulga con ideas nacionalistas, quedaría abandonada a su suerte, que no sería otra que la integración en el modelo de sociedad peneuvista o el silencio. En Cataluña, todo indicaba antes del anuncio de la nueva etapa política por Zapatero e Ibarretxe que la reforma del Estatuto y el modelo de soberanía fiscal esbozados por el tripartito buscaban consagrar la existencia en la práctica de una nación catalana. Una vez haya vía libre para reformar el Estatuto de Guernica en dirección soberanista, es casi imposible que la mayoría socialista pueda oponerse desde las Cortes Generales a semejante paso de gigante del separatismo catalán. El actual Estado ya ha adelgazado mucho tras un desarrollo exhaustivo del título octavo de la Constitución para favorecer al máximo la descentralización política. Además, España ha transferido desde 1986 muchas competencias a la Unión Europea y en buena parte se gobierna desde Bruselas, una realidad que hace más necesaria la coordinación y la actuación eficaz del Gobierno central. Con la evolución hacia un modelo confederal, el Estado funcionaría peor: vería disminuida su capacidad de redistribución y le costaría más garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la aplicación de las normas europeas y estatales o la existencia de un mercado único en su territorio. España como actor internacional y europeo perdería influencia y tendría menor capacidad negociadora, dada la mayor complejidad institucional del país. A la hora de formar la voluntad estatal nos encontraríamos con la yuxtaposición de representaciones políticas distintas y divididas, sin un Congreso de los Diputados con verdadero peso propio. En la actual Unión Europea ampliada los Estados grandes tienen mucho más poder que los pequeños y a nadie se le ocurriría pudiendo aspirar a ser Italia evolucionar hacia una amalgama de varias Dinamarcas. Sobre todo, una España confederal sería un país mucho más inestable, en el que miraríamos hacia atrás a estos 25 años pasados con nostalgia. Y es que un Estado a la vez autonómico y compuesto por tres unidades muy distintas en tamaño y riqueza, sin que haya una autoridad superior estatal que garantice los intereses del conjunto, es una invitación a la reivindicación permanente de más autogobierno por cualquiera de las demás comunidades o a la separación definitiva de las unidades confederadas. Por desgracia, los primeros indicios sobre el rediseño constitucional que acompañaría al «plan de paz» señalan que no vamos a una evolución basada en los aciertos de la Constitución de 1978, sino a un modelo de Estado problemático y provisional. La única seguridad que ofrece este camino es que a la larga nos debilita y empobrece a todos, vascos y catalanes incluidos.