DOS MILENIOS haciendo el bien no faculta para imponer a otros la propia concepción de la vida y de la sociedad. La reacción católica contra las uniones entre personas del mismo sexo rebasa los límites de la libertad de expresión y religiosa. Para camuflar su incomprensión de la homosexualidad, recurren a la macana teórica de la existencia de una ley moral natural, dicen que inscrita por Dios en el corazón de los hombres (una especie de ADN regulador de la evolución no material), por lo tanto anterior y vinculante para la autoridad política. Quizá por humildad, sus usufructuarios no se extrañan del hecho de que sólo ellos estén en el secreto. Y tampoco de que los contenidos que se le atribuyen coincidan justito con sus preferencias. Ya que no caen en esta paradoja metafísica, nos vemos obligados a ponérselo de manera que les sea fácil cazar el busilis: si aceptan sin reservas el principio de que el Estado debe dejar al albedrío de los ciudadanos el creer en una de las religiones existentes en el mercado o no creer en ninguna, ¿por qué razón no aceptan que no puede imponer a todos por ley el código ético de una de ellas? Los que admiten la fe como asignatura optativa pero piden que la moral sea obligatoria, nos deben esa explicación. Sea que los funcionarios católicos obedezcan a su Dios antes que a los hombres, pero no por cuenta de los administrados. La objeción de conciencia es válida cuando hay conflicto de bienes de especial protección con perjuicio cierto en cualquier opción, supuesto que sus eminencias no advirtieron en la guerra preventiva de Irak. La nueva figura jurídica de matrimonio no lesiona sino que incluso beneficia al tradicional. Al menos en orden a la decencia: ninguna persona tendrá ya que buscar tapadera para un amor que no es maldito.