EL LEGISLADOR español es respetuoso con la Constitución, pero no tonto. Por eso, cuando elaboró la ley de partidos previó lo que pasaría en el supuesto de que, con arreglo a sus disposiciones, se llegase a ilegalizar a un partido por apoyar al terrorismo: que ese partido intentaría por todos los medios burlar su ilegalización, presentándose con marcas diferentes a la disuelta por la ley. Son esas previsiones las que ahora han permitido a dieciséis jueces del Supremo sentenciar por unanimidad que la creación de Aukera Guztiak es un acto ejecutado en fraude de la ley, pues continúa la actividad de Batasuna, partido declarado ilegal y disuelto por sus evidentes connivencias con una organización terrorista responsable de casi mil asesinatos, miles de delitos de lesiones, docenas de secuestros y decenas de miles de actos de extorsión. El que pese a la evidencia del apoyo sin fisuras de la llamada izquierda abertzale a un movimiento terrorista, los miembros de Batasuna pudieran actuar durante años a cara descubierta acostumbró a sus abyectos dirigentes a que la ley era como un embudo: muy estrecho -como tiene que ser- para garantizar sus derechos procesales, pero muy ancho para todos lo que, con esa alegría que da la impunidad, se paseaban por ahí proclamando que el asesinato de Guardias Civiles o de militantes del PSOE y el PP no resultaba más que la inevitable consecuencia de un conflicto del que, ¡por supuesto!, eran responsables los muertos y no quienes los mataban. La ilegalización de Batasuna comenzó a poner fin a esa vergüenza monstruosa, pero, acostumbrados como estaban a una larga impunidad, sus líderes no acaban todavía de creerse que va en serio. Que va en serio, sí, y que el cedazo de la ley será tanto más tupido para ellos cuanto más empeño pongan en tratar de eludir su cumplimiento. Por eso no ha colado ahora esta supuesta lista blanca de Aukera Guztiak: porque quienes tenían la obligación de hacerlo han probado mucho más allá de cualquier duda razonable que sus candidaturas no eran sino la nueva operación de ETA y Batasuna para, burlando las previsiones de la ley, intentar seguir presentes en la única institución en que todavía resisten el acoso del Estado de derecho. Sean cuales sean los efectos electorales de la ausencia de ETA y Batasuna de la competición electoral, para empezar el resultado está muy bien: que quienes han acosado durante un cuarto de siglo a ciudadanos que no habían cometido otro delito que tratar de ejercer sus derechos democráticos, sufran ahora el acoso de la ley, puede parecer a algunos poca cosa. Pero es fundamental: los de Batasuna lo saben como nadie.