LAS COSAS han llegado a tal extremo que, si uno defiende hoy en día la obligación de respetar la presunción de inocencia, de no utilizar a conveniencia el lábil concepto de «alarma social» ,o simplemente el cumplimiento del obvio mandato procesal de que la prueba del posible ilícito corresponde a quien acusa, sin que se pueda trasladar la carga al imputado¿ con toda probabilidad será confinado en la escala de los tipos raros, inadaptados, incómodos, resabiados por la ingenua y malsana profesión sincera en los principios del Estado de Derecho. A ese punto hemos llegado. En los casos del Carmel y del 3% en Cataluña, en la lista blanca de Aukera Guztiak, en la famosa Ballena Blanca de Marbella, la ciudadanía se encuentra perpleja. Aquellos sagrados conceptos se manejan con un tacticismo tan indeseable que llega a producir pena y hastío. El déficit jurídico del actual Estado es una evidencia hiriente. Persona tan respetable y relevante como Gregorio Peces-Barba está sufriendo esta degradación del valor del Derecho. En un artículo de hace unos cuatro años, él denunció valientemente la pretensión de sustituir las posturas del Derecho por criterios utilitaristas, de defensa de intereses particulares y de enriquecimiento rápido: confusión y minoración del Derecho para poder pescar en río revuelto. Y ya se ve qué pago ha recibido a la menor oportunidad de ser pim pam pum en la feria de los escopetazos, cuando, generosamente, decidió responsabilizarse, a favor de los afectados por el terrorismo, de un cometido altruista y profundamente jurídico en la mejor esencia de esta palabra. Como él mismo ha escrito, la única fórmula es la pedagogía de la libertad y la potenciación renovada de los estudios de Derecho. Pero, ¡cuánto cuesta remar contra corriente!