Si el Gobierno creyera firmemente que el tabaco es el mayor problema de salud de los españoles, sencillamente debería de prohibir su venta. Ahora bien, semejante medida tendría unas repercusiones notables porque son miles de millones de euros los que se recaudan anualmente en concepto de impuestos. Y muy pocos (por no decir ninguno) los que se dedican a desintoxicar a los adictos. Hasta la fecha, sólo se han conocido las restricciones que piensa imponer el Gobierno sin atender a las quejas de los fumadores. Ahora llegan las quejas serias. Las de quienes producen y venden tabaco, las de quienes tienen bares, las de los empresarios que no quieren tener trabajadores escaqueados con un cigarrillo... Esas son las quejas que conmoverán al Gobierno. Las del dinero