MÁS MADERA. Como Pasqual Maragall se resiste a rectificar, la crisis que abrió con el tres por ciento toma nuevos derroteros. El presidente catalán aparece cercado por el lado político y el judicial. El acusado, Convergencia i Unió, presenta querella por injurias y calumnias. El beneficiado, el PP, presenta una moción de censura que, para asombro de todos, será debatida el día de la infamia: el 11-M. Antes de hablar de este último y vergonzante detalle, veamos el escenario que se abre en la política catalana. La querella es un recurso elemental al que acude quien necesita salvar su honor. Pero, en este caso, sospecho que es más efectista que efectivo. Primero, porque resulta difícil procesar a un político que disfruta de inmunidad parlamentaria. Cuando se tiene mayoría, nunca prospera el suplicatorio. Y no parece probable que Carod-Rovira facilite su procesamiento: siempre preferirá cobrarlo, al grito de «Maragall, me debes otra». Y segundo, porque ni siquiera está garantizado que los jueces admitan a trámite una querella por algo que ocurrió en el ámbito del poder legislativo. Muchos juristas entienden que ése es el ámbito en que se tiene que resolver. Tampoco crean ustedes que la moción de censura será el bálsamo de Fierabrás. Con un respaldo de quince votos, ni el más iluso sueña con tumbar el Gobierno catalán. Josep Piqué, tampoco. Lo que ocurre es que Piqué busca otros objetivos. Tiene la oportunidad de colocar su mensaje, y la quiere aprovechar. Va a lanzar un discurso ético, y aspira a convertirse en una referencia de la política catalana, cuando ahora está en la marginalidad. De hecho, él y Carod-Rovira parecen los grandes beneficiados por el escándalo. Pero no hay que asistir indiferentes al reto. Maragall queda obligado a aclarar su acusación, y sólo tiene dos salidas: o retirarla, o mantenerla documentada. Lo más doliente de todo es la genialidad de situar ese debate precisamente el día 11 de marzo; la fecha en que se cumple el aniversario de la gran matanza. Es el plazo que prevé la ley: cinco días después de la presentación de la moción. Pero la misma ley habla de un plazo mínimo, no de una fecha exacta. Se podría esperar, por tanto, al lunes siguiente. Si no se hace, es por una escandalosa picaresca: la de hacer que la moción sea poco menos que clandestina, porque los medios informativos tendrán su atención puesta en ese aniversario. Por lo tanto, quienes señalaron esa fecha y no aceptaron otra están enviando a la sociedad española la imagen de una clamorosa falta de sensibilidad ante lo que el 11-M sigue significando en el recuerdo de todos. Y alguien puede interpretarlo como un menosprecio a la memoria de 192 víctimas. ¡Qué bajeza!