SANIDAD, vivienda, cultura, información, trabajo, pensiones, educación, formación, información, patrimonio medioambiental, constituyen la nueva generación de los derechos humanos que son derechos sociales para el ejercicio de la ciudadanía. He defendido y defiendo que tales derechos son conquistas sociales irrenunciables, por lo tanto, los Gobiernos no pueden tratarlos como mercancías. La asistencia sanitaria es el primer instrumento para garantizar la salud. Estamos ante un servicio público esencial, y como tal debe ser: constante día y noche; accesible, por lo tanto, en el territorio donde residen los ciudadanos, de calidad, y su primer parámetro es resolver sin derivar y con las mínimas esperas. Este modelo requiere utilizar nuestros hospitales y centros de salud, por la mañana y por la tarde. De esa manera se logra: crear más empleo con salarios dignos, y así el sector público da ejemplo ante el privado en un mercado laboral que tiende a la precariedad; utilizar al máximo las instalaciones y maquinarias que suponen una gran inversión inmovilizada; evitar las esperas de los usuarios de esa Seguridad Social, que pagan obligatoriamente trabajadores y empresarios, y que supone la primera causa de gasto en consultas privadas, ya que el sector privado de la sanidad depende, muchas veces, de los problemas crónicos del sector público; evitar que los ciudadanos de una comarca tengan que desplazarse a centros concertados del sector privado de la sanidad, a una distancia que les obliga a cambiar sus vidas y las de sus familias mientras dura el proceso; y desincentiva la aparición del sector privado de la asistencia sanitaria, cuyo rendimiento depende del funcionamiento del sector público y la confianza que despierta en los ciudadanos, provocando un cierto tufillo de competencia desleal, que en otro sector estaría prohibido. ¿Se imaginan un trabajador de caixa X por las mañanas, y trabajando de lo mismo por las tardes en el banco Y? La Seguridad Social es cara, tanto para la enfermedad como para la jubilación, pero constituye el ahorro de la vida laboral de la inmensa mayoría de los trabajadores; por lo tanto, defendamos nuestro derecho a que se adapte, creciendo, a nuestras demandas; no permitamos que sea un negocio más, como el que se ha desarrollado, imparable, por la necesidad de viviendas. De esto hablaré otro día.