ANDA muy revuelto el patio por lo que nos están preparando Ibarretxe en el País Vasco y Maragall en Cataluña. Para una mejor intelección del problema aconsejo la lectura de un reciente libro de Pío Moa, artillado con extraordinaria pertinencia analítica ( Una historia chocante , Encuentro Ediciones), en el que expone bajo los focos de la historiografía la nómina de los gratuitos desafueros cometidos contra la integridad de España, la cual pudiera hacerse interminable de relatar aquí, y las desleales conductas de los partidos nacionalistas de nuestra disputada periferia. Yo mismo, en pretéritos artículos, me detuve en la consideración de los despropósitos en que pararon algunas autonomías caídas en lo que pudiéramos llamar, en evitación de designaciones peores, interpretación del Derecho constitucional al oído. Porque hasta las más poderosas razones pueden correr desgraciados caminos y contra su dolorosa evidencia y en defensa de nuestra común cultura y nuestra pluralidad, saludable pero también difícil de administrar y asimilar, quisiera restablecer ahora, hasta donde me fuera posible, la sinrazón de tanta jactancia. Si bien se mira, tanto el nacionalismo vasco como el catalán y el gallego se aparentan a una creencia tullida, que nada tiene que ver con el concepto moderno de democracia ni con el de ciudadanía. Tengo pocas dudas de que los nacionalistas padecen una incapacidad casi congénita para asimilar el instinto democrático profundo que convierten a su conveniencia, y con tendencia a lo irreversible, en simple aritmética electoral allí donde se sienten fuertes para delimitar el perímetro de aplicación. Echando mano de los criterios que más les convengan. O como señaló pertinentemente Arcadi Espada (www.arcadi.espasa.com), «el ámbito de decisión» es la piedra de toque que mantiene activos los distintos negociados y chiringuitos ideológicos nacionalistas. La democracia española entiende mejor que ninguna otra en Europa que los habitantes de algunas regiones, a las que designa como nacionalidades y ya es mucho designar dentro del territorio nacional español, desean gozar de autonomía en cuestiones relativas a su gobierno y arbitra para ello, mediante los estatutos correspondientes, las reglas de funcionamiento y las competencias cedidas. Insisto: cedidas. El asentamiento de mayorías políticas nacionalistas ha forzado -mediante la educación, subsidiariedad y subvenciones- un encono contra España que torna inviable nuestro modelo autonómico. A partir de aquí, exigir que el ámbito de decisión sea nacional-autonómico genera una dinámica que desembocará inevitablemente en guerra civil o en secesión. La democracia es mucho más que la imposición de las mayorías electorales a las minorías, mídanse ambas como se quiera, porque de lo contrario podría exterminarse por voluntad mayoritaria a las personas inteligentes que, desgraciadamente, son siempre las menos. La democracia es ante todo ausencia de arbitrariedad en la aplicación de las reglas de juego preestablecidas. Por tanto, con las reglas vigentes en España y en Europa, si los revisionistas constitucionales son coherentes con sus planteamientos, admitirán que una Constitución revisada acoja, si la mayoría de españoles así lo decide, tanto la posibilidad de independencia para Cartagena como la exclusión de las Cortes de los partidos políticos que no entren en el ámbito de decisión estrictamente español.