HACE siete años, dando testimonio con su propia vida, Ramón Sampedro conmocionaba a la opinión pública y trasladaba al conjunto de la sociedad una lúcida reflexión sobre la libertad y la dignidad humanas. Con la decisión de poner fin a su existencia, después de librar una larga batalla jurídica en condiciones personales verdaderamente excepcionales, Sampedro abrió un apasionado debate social, tanto sobre el derecho a disponer de la propia vida como sobre el de morir dignamente; y nos ha planteado un reto moral ante el que una sociedad democrática no puede permanecer impasible indefinidamente. Por eso produce repugnancia comprobar cómo, aprovechando el aniversario de su muerte y el éxito de la magnífica película de Amenábar, afloran turbios intereses -incluidos los de alguna cadena de TV- que amenazan con desnaturalizar groseramente el mensaje de Ramón Sampedro. Y cómo, en estas circunstancias, su extraordinaria peripecia vital corre el riesgo de ser reducida al morboso guión de un programa basura de los que, por desgracia, tanto abundan en la programación televisiva de nuestro país. Pero una sociedad verdaderamente civilizada no puede permitir que un legado como el de Sampedro corra semejante suerte. Al contrario, debe aprovechar la ocasión para organizar un debate serio y riguroso que conduzca a la solución de un problema que está presente en todas las sociedades desarrolladas, y a la regulación de unas prácticas, cada día más extendidas, que hoy carecen de las necesarias garantías y de la imprescindible seguridad jurídica. Soy plenamente consciente de que nos enfrentamos a una cuestión difícil y sensible, sobre la que hay posturas muy enfrentadas, basadas en convicciones profundas y en sentimientos atávicos. Pero el problema existe, y no será metiendo la cabeza bajo el ala como se resolverá. Algún día habrá que asumirlo y abordarlo. Respetando todas las convicciones, pero sin introducir límites a la libertad y autodeterminación de las personas y, desde luego, sin dar la espalda a la realidad y al sufrimiento humano. Para ello es preciso acotar, en primer lugar, el consenso ético a partir del cual debe enfocarse el problema. Naturalmente, dicho consenso no puede basarse en la moral religiosa, sino en la ética civil, producto de la evolución cultural e histórica de nuestra sociedad, de la que la vigente Constitución es la más relevante expresión. En segundo término, es necesario explorar la capacidad normativa que sobre esta materia tiene el Estado. Los más destacados expertos coinciden al reconocer que la legislación sobre la disponibilidad de la propia vida tiene pleno encaje en la actual constitución, tesis que avalan las únicas sentencias que sobre el tema ha emitido el Tribunal Constitucional. Finalmente, el proceso debería culminar con una propuesta jurídica que no tenga más límites que los que afectan a cualquier otra norma; es decir, que no tenga más límites que los que impone la Constitución. Tal es el legado del ciudadano Ramón Sampedro. Se puede coincidir o discrepar con él, pero todos tenemos el deber de evitar que se tergiverse o se manipule. Es lo mínimo que le debemos a un hombre con semejante coraje cívico y democrático.