EL ACUERDO del Parlamento vasco sobre la reforma del Estatuto de autonomía se ha instalado en el centro de la preocupación pública. Parece como si hubieran cogido de sorpresa los tres votos abertzales para su aprobación. En realidad, cambian la estrategia a seguir, pero no el objetivo. El inmediato, me parece que no es otro que el de conseguir unos buenos resultados en las elecciones autonómicas. El tema, por su complejidad, no puede circunscribirse a la presente coyuntura. Habría que echar la mirada atrás, porque la cuestión vasca, por ceñirme ahora a él, tiene una larga historia, como patrimonio asumido colectivamente, con independencia de su valoración. Y así ha quedado reflejado en la disposición adicional primera de la Constitución. El Estatuto para el país vasco, contiene una disposición adicional esclarecedora: la aceptación del régimen de autonomía «no implica renuncia del Pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia». Esa no renuncia viene fortalecida en el propio Estatuto, al requerir sólo mayoría absoluta del Parlamento vasco para la aprobación del proyecto de reforma, en contraste con los dos tercios que se exigen para los demás, Cataluña y Galicia incluidas. Estos eran datos conocidos, como el protagonismo singular que en el artículo 1 del Estatuto tiene el «Pueblo vasco». Ciertamente la apelación a la historia hace difícil convertirla en un precepto jurídico de perfiles definidos. Es un problema, pero no puede desconocerse a la hora de afrontarlo. La iniciativa del Plan Ibarrexte era una posibilidad, aunque no la única. Que se haya planteado ahora y en esos términos tiene una explicación en la historia inmediata, y es respuesta a una concepción generalizada sobre lo que debe ser el Estado autonómico. Tanto en relación con la Constitución de 1931 como la de 1978 se revelaron dos posiciones fundamentales, una de cuyas manifestaciones es la tesis del carácter permanentemente abierto de la Constitución frente a la necesidad de cerrar definitivamente el proceso autonómico. Se ha pretendido cerrar el sentimiento en el armazón racional de la generalización autonómica. Permanecen singularidades que se le escapan. El último Aznar jugó fuerte y de frente para desbancar a los nacionalistas. Intentó acorralarlos. Perdió. Unió a los de diferentes intensidades. El presidente Rodríguez Zapatero ha propiciado la circunstancia al impulsar las reformas estatutarias, de lo que no es ajeno el compromiso con ERC. De nuevo vuelve a hacerse patente que, bajo la generalización uniformadora, subsisten dos concepciones diferentes. Por eso, la reforma de los Estatutos no tiene la misma trascendencia constitucional en todas las Comunidades autónomas. Se ha dado un giro más en la espiral autonómica. La cuestión no se solventa en términos jurídicos, aunque hayan de seguirse sus cauces. Descontado que no se obtendrá la mayoría absoluta requerida en el Congreso de los Diputados, un posterior referéndum en el País Vasco sería ilegal. Para la contienda electoral la decisión del Parlamento español se mostraría como un nuevo agravio. Y no es descartable una «encuesta social» que, si se neutraliza jurídicamente, puede interpretarse que con ello se impide manifestarse al pueblo vasco. Una mayoría absoluta del PNV-EA aceleraría la espiral en que nos encontramos. Votantes de HB no le faltarían para intentar lograrla. El Estatuto que se quiere «actualizar» fue negociado en paralelo a su debate -breve- en el Parlamento. El Derecho, los cauces parlamentarios y la negociación no tienen por qué excluirse. Un diálogo a varias bandas parece conveniente. El del PSOE con el PP requeriría que el primero pospusiese asuntos que no son urgentes y que ahondan la brecha entre ellos. Es momento para estadistas. Más allá de reproches mutuos y cálculos electorales.