EL PRIMER socialista que dijo públicamente que el PNV había sido desleal con la Constitución fue Gregorio Peces Barba, ponente constitucional, rector de la Universidad Carlos III y flamante comisionado para las víctimas del terrorismo, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero después del desgarrado alegato de Pilar Manjón en la comisión parlamentaria del 11-M. Se ve que los socialistas son también humanos y tropiezan dos veces en la misma piedra porque otro socialista, nada menos que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha declarado en entrevista a un diario que «confiábamos en que no se llegara a esta situación (la aprobación en el Parlamento vasco de la propuesta de reforma del Estatuto de Guernika) y que Ibarretxe cumpliría su palabra de que no iba a sacar adelante su plan soberanista con los votos de Batasuna». Pues ha hecho mal en confiar y ha vuelto a tropezar en el pedrusco independentista vasco a pesar de que el Gobierno conocía desde el pasado verano, por un documento de los servicios de información de la Seguridad del Estado, que ETA iba a avalar el plan Ibarretxe en el Parlamento vasco con los votos del grupo parlamentario Socialistas Abertzaleak -la extinta Batasuna-. Creyó al lendakari y desoyó a los servicios de inteligencia. Un doble error que nos mete a todos más miedo en el cuerpo. En pocos meses los españoles han pasado de estar la mitad crispados por las maneras de Aznar a estar todos asustados por la sonrisa de ZP ante el desafío secesionista del PNV, de ERC y de otros agitadores independentistas. El factor clave para el futuro del plan Ibarretxe no está en la decisión que adopten las Cortes sino en quién obtiene la mayoría absoluta en las elecciones de mayo en el País Vasco. Si es el PNV y decide convocar el referéndum ilegal para llevar adelante la secesión, a Zapatero no le queda otra solución que, de acuerdo con el Senado, aplicar el artículo 155 de la Constitución, que establece la manera de obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. Si, por el contrario, la mayoría absoluta es para la suma PSOE-PP, el peligro quedaría conjurado y la gobernación coaligada de ambos y en clave de amejoramiento estatutario dejaría al PNV en la oposición durante un buen puñado de años. De momento y para no dar más bazas al partido de Arzalluz, hay que llegar a mayo sin recurrir al Tribunal Constitucional y sin que el Congreso se haya pronunciado sobre el plan secesionista, evitando así que el encontronazo entre los parlamentos español y vasco sea munición de la campaña electoral. Bastará con meter el texto en los vericuetos jurídicos por los que le puede encaminar la Mesa del Congreso. Hecho esto, Zapatero tiene que dejar de ser don Tancredo, vertebrar el PSOE y firmar un pacto de Estado con el PP para mantener las cuadernas de la Nación española porque nunca como ahora se ha hecho más necesario este acuerdo para hacer frente al desafío secesionista del norte y al que puede llegar del este.