HAY UN ACUERDO muy amplio en señalar de modélica nuestra Transición y de singular hallazgo la urdimbre jurídico-política resultante de ella. Pero las cosas distan mucho de ser tan bonitas como las pintan. La continuidad de la nueva democracia dependía de la solución de cuatro asuntos de máxima dificultad: sometimiento de los militares a la autoridad civil, el reparto territorial del poder político, la separación de la Iglesia y del Estado, la independencia de la Justicia. Un cuarto de siglo después de aprobada la Constitución, sólo el primero se ha resuelto como mandan los cánones (gracias al buen sentido y carácter de los mandos militares, como el fallecido general Gabeiras, todo un señor de la paz). En efecto, las deslealtades entre el centro y las naciones vasca y catalana han ido creciendo hasta llegar a la tensión actual, que no se deja analizar como mera finta antes de la negociación. Por su parte, los Iglesia jerárquica, muy incómoda por su aislamiento, entra sin rodeos en el reñidero de la política con la descabellada disculpa de defender el recto orden moral: si no es obligatorio ser católico tampoco puede serlo su código ético. De la querencia del Poder Judicial a pisar sendas vedadas ha dado la última prueba un portavoz que pide al Gobierno el envío al TC de la propuesta vasca. Las clases dirigentes no reparan en el alto precio pagadero si los desacuerdos que se basan en aspiraciones legítimas no se tramitan por métodos de racionalidad democrática y terminan en transacción justa. Seguir discutiendo qué cosa sea España es menos importante que hacerla más habitable para todos. En la escuela de antaño lo ponían así: si una manzana tarda en madurar cinco lustros, ¿cuántos lustros tardarán en madurar tres? Sobre poco más o menos una eternidad sobrada.