SOSTIENEN los seguidores de ETA, todavía presentes en el Parlamento vasco, que el Estatuto de Autonomía de Gernika ha muerto gracias a la puesta en marcha del plan que lleva el nombre del presidente de la Comunidad Autónoma vasca. Pocas veces se puede dejar más claro -en este caso, por uno de sus detractores- que el Estatuto es lo que nos concede a los vascos nuestra condición de ciudadanos y que su supresión implica, por tanto, la anulación de esa cualidad, al menos para todos los que no estamos dispuestos a tragar con un plan que crispa, que divide, que enfrenta, que no resuelve ninguno de los problemas que tenemos planteados y crea otros nuevos. Ibarretxe cabalga a lomos del populismo autoritario propio del que siente que el mañana le pertenece, lo ha dicho él; la gazomoñería etnicista de quien se jacta de pisar por donde y como pisa el buey, lo ha dicho él; y el fanatismo enfermizo de que su plan crispador es irreversible porque los vascos así lo decidirán, lo ha dicho él. Lo cierto es que la opinión publica vasca, los vascos y las vascas, están de acuerdo con el sistema de consenso entre distintos que establece el actual Estatuto y rechaza el plan del iluminado Ibarretxe, que tiene muchísimos menos apoyos y, sobre todo, que rompe la actual convivencia y no es capaz de crear un consenso superior que la garantice. El Estatuto de Gernika ha sido precisamente eso: nos ponemos de acuerdo en convivir armónicamente aquellos que sabemos que somos distintos; eso es la democracia: todas las fuerzas políticas renuncian a algo para subrayar lo que une frente a lo que separa. El delirio que Ibarretxe quiere sacar por la senda del buey viene a decir que vascos, lo que se dice vascos, son sólo los nacionalistas -lo acaba de defender así Joseba Eguibar (PNV)- y que el resto no son vascos, aunque se apelliden Pagazaurtundua y hablen vascuence. Es decir, frente a los criterios de ciudadanía, democracia y libertad que establece el Estatuto, los nacionalistas vascos nos quiere imponer dogmas de tribu, tam-tam de etnia y una sociedad partida y jerarquizada entre ciudadanos de primera y residentes de segunda. Frente a este atropello, que supone una regresión respecto de los frágiles consensos arduamente peleados, los ciudadanos vascos, y los del resto de España, tienen que alzar su voz, movilizarse y dejar claro que el atropello no se consumará con su aquiescencia. Los empresarios vascos saben que su futuro depende de su integración con el resto de España y no pueden pensar que el delirio de Ibarretxe es sólo una variable que no afectará a las demás que hoy están sobre el tapete. Si, por ejemplo, de cada cien trabajadores de las cooperativas de Mondragón, cincuenta residen en la Comunidad Autónoma vasca y cuarenta en el resto de España, eso significa que el nivel de imbricación y dependencia entre ambas economías hace que le vaya mejor el actual entendimiento que la incertidumbre que plantea ahora la cúpula del PNV. Los empresarios vascos deberían decir, alto y claro, que con el Estatuto les ha ido de maravilla, que gracias a él disfrutan del privilegio del concierto económico, que no existe en el resto de España -excepto en Navarra- y que ese estatus privilegiado se puede empezar a romper si la dirección nacionalista sigue ajena a esa realidad. Todos los ciudadanos vascos, y del resto de España, deberán dejar claro, ahora y en las próximas elecciones autonómicas y generales, que quieren seguir siendo ciudadanos de un país democrático y no súbditos de una tribu en la que se retira el carácter de vasco a aquellos que no siguen al gran, y lunático, timonel.