EL PLAN Ibarretxe vive hoy su gran día en el Parlamento vasco. Desde temprana hora, el señor lendakari defenderá su proyecto, que marca un hito importante en los intentos soberanistas de este país. Según se desprende del Euskobarómetro que se difundió ayer, estamos ante un asunto que preocupa más a la clase política que al ciudadano medio. Después de todo lo que se lleva escrito y predicado sobre este plan, resulta que cerca del 70 por ciento de los vascos se consideran poco o nada informados de su contenido. Es toda una lección de humildad para analistas y tertulias que han consumido miles de horas en demonizarlo. Pase lo que pase en la votación parlamentaria, el proyecto de Ibarretxe significa poco en sí mismo. Si es aprobado en Vitoria, será rechazado en el Congreso. Si no es aprobado ni siquiera en Vitoria, el jefe del Gobierno vasco lo llevará a las elecciones autonómicas en un intento de que las urnas sean un plebiscito. Y en ambos casos, lo que busca el lendakari es poner al Estado en el aprieto de impedir un referéndum sobre autodeterminación, que es la obsesión nacionalista de los últimos años. Como puede observar el lector, lo que pase hoy en la Cámara vasca es un trámite interesante, que será muy dramatizado en algunos medios; pero del trámite mismo no depende el futuro político del País Vasco. Hay autores que defienden que, bien mirado, Euskadi ya es independiente. Tiene vida fiscal propia, sólo paga un cupo al Estado por los servicios que recibe, su Gobierno actúa por libre, decide por su cuenta en qué asuntos comunes participa y el lendakari sólo mantiene las formas con S.M. el Rey. Si esto fuese un sistema federal, tendría muchas más obligaciones que ahora. Pues bien: tal situación de soberanía fáctica acaba de avanzar un escalón más, y muy importante, con la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad; la que archiva la querella contra Atutxa por incumplir la orden de disolver el grupo parlamentario de Batasuna. Una orden, recordemos, que surgía del mismísimo Tribunal Supremo. Se supone (faltaría más) que la magistrada Nekane Bolado se ha cargado de razones jurídicas para redactar y firmar esa sentencia. Pero eso no impide un razonamiento político: si una orden emanada del Tribunal Supremo puede ser incumplida en un Parlamento autónomo, y si ese incumplimiento es respaldado por la Justicia autonómica, ¿cuál es la fuerza coactiva de la máxima instancia judicial? Ninguna. Para multitud de ciudadanos perplejos, no estamos en un Estado de Derecho. Estamos ante varios Estados de Derecho. Basta que un juez simpatice con el nacionalismo para que la unidad de la Justicia se desmorone como un gigante de barro.