EL PENSAMIENTO económico dominante dice que operamos en contextos de cansancio fiscal. Y añade después que esta situación propicia la defensa de sistemas tributarios simplificados y de presión fiscal reducida sobre las rentas del capital (para evitar su huida) y sobre las actividades empresariales y profesionales (para incentivar el trabajo). Esta menor fiscalidad se compensa a veces mediante tributación indirecta (IVA, impuestos especiales y fiscalidad ambiental) o bien utilizando más tasas y precios públicos. Como además la norma limita o prohíbe el déficit y la deuda, este cansancio singular alumbra ya sus dolorosos y contradictorios resultados: hay menos servicios públicos, más desigualdad social y más cargas familiares (siempre femeninas), pero a la vez se demandan más servicios públicos, hay menos promesas cumplidas y más ilusiones presupuestarias. La Administración financia hoy los bienes públicos de tres formas: aumentando la imposición indirecta, acudiendo al capital privado o consiguiendo subvenciones. Lo primero propicia la regresividad fiscal e incluso el odio al impuesto; lo segundo mezcla lógica mercantil e interés general, lo que parece imprudente; lo tercero debilita a la Administración haciéndola más subordinada. Pero debemos recordar que en estas cuestiones hay cansancios y cansancios. La presión fiscal española (ingresos tributarios con respecto al PIB) es seis puntos inferior a la media europea (UE-15), mientras los ingresos de la Administración local (expresados en euros per cápita) representan el 43% de Alemania, el 36% de Francia, el 29% de Italia, el 14% de Suecia o el 8% de Dinamarca. En Galicia los tributos locales no superan la mitad de la cifra media española. La hegemonía ideológica del cansancio fiscal -que inspira el discurso conservador- contrasta hoy con las debilidades que ofrecen los modelos tributarios alternativos, ya sea por su escasa innovación o crítica, ya por su incapacidad ante el fraude. Pero cuando la sociedad demanda más y mejores servicios públicos, hay que explicar con pedagogía política que el tributo es el instrumento más racional y útil para financiarlos, examinando obviamente su oportunidad, su justicia y sus efectos económicos. Los contribuyentes tienen el derecho a saber si los gobiernos desean combatir de verdad el fraude; si corrigen el trato fiscal que reciben los salarios; si suprimen los beneficios tributarios regresivos o cómo se va a financiar la sanidad o los municipios. En realidad, el cansancio fiscal lo sufren hoy los trabajadores asalariados. Utilizar su incomodo para que poderosos u otros grupos sociales consigan beneficios tributarios de difícil justificación, es herida profunda de efectos incalculables.