UNA DE LAS novedades de la Constitución Europea es el avance en la representación del continente y en la definición de los símbolos comunes. La Carta Magna crea por primera vez una Presidencia permanente del Consejo Europeo. Se trata de un puesto con rango semejante al de un jefe de Estado, dotado sobre todo de poder moral y simbólico, que se ejercerá en la representación exterior y el impulso a los trabajos del Consejo. Varias preguntas surgen enseguida: ¿afecta esta nueva Presidencia a las formas de Estado de los países europeos y, más en concreto, a la Corona en España? ¿Qué aportan las Jefaturas de Estado de los Estados miembros a la creación de este nuevo símbolo común? En principio, nada en la nueva Constitución se puede interpretar como una sustitución de las formas de Estado que cada país de la Unión se ha dado, monarquía o república. Al contrario, la Constitución europea continúa la tradición de cinco décadas de integración y se basa en el respeto a las identidades nacionales. Es más, la propia naturaleza del proceso de integración demanda que los símbolos europeos sean compuestos y no excluyentes y que convivan con los nacionales. Dado su alto nombre, la primera Constitución europea necesita para afirmar su legitimidad la eficacia de las constituciones de cada Estado miembro, como se verá a lo largo del proceso de ratificación. Se puede por ello argumentar que para que la Constitución Europea entre en vigor en España, la Corona debe seguir desempeñando sus funciones constitucionales, simbolizando la unidad y la permanencia del Estado español y asumiendo la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. La razón de este modelo de «pluralismo constitucional» es que la unidad europea está apoyada en la diversidad, formulada como compatibilidad plena entre la democracia europea y las democracias nacionales. Es decir, aunque el modelo del Estado-nación no sirve para determinar el curso de un proceso político original, la integración aprende de las categorías estatales y las necesita. Sin su concurso no se puede asentar una fórmula nueva de autoridad constitucional que sirva a más de cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos y a veinticinco Estados europeos. En el caso español, la Corona es un ejemplo a la hora de crear un nuevo símbolo que sea fuente de auctoritas en la cúpula del complejo sistema de la Unión. La presidencia europea debe contribuir a la adhesión ciudadana a los valores y reglas de la nueva polis, algo fundamental para la actual Unión, en la que hay más euro-escepticismo y desafección ciudadana que antes, en buena medida por la magnitud de los retos que se afrontan desde Bruselas (ampliación, seguridad, gobierno económico). En este sentido, el Rey es un símbolo europeo, no sólo por encabezar una institución de importancia capital para entender nuestra historia y la del continente, sino por haber impulsado la aparición de una ciudadanía política en España y la participación plena de nuestro país en la integración europea. En momentos difíciles, fue el mejor embajador de lo que España era y de lo que podía ser. Desde su coronación en 1975, hace casi treinta años, el Rey buscó el acercamiento a una Europa democrática. La razón de fondo era que el reencuentro entre los europeos facilitaba la reconciliación entre los españoles. La Corona española no ha dejado de animar desde entonces a que los pueblos europeos sigan escribiendo las mejores páginas de su historia y construyan «una Europa de valores y principios». La nueva Constitución europea demanda y subraya su plenitud. El futuro Presidente de la Unión encontrará su legitimidad en una convivencia enriquecedora con los más altos órganos de representación de cada Estado miembro. En buena medida, su éxito dependerá de que esté abierto a la inspiración que le aportarán estos símbolos, que son al mismo tiempo nacionales y europeos.