LA UNIÓN Europea no puede a estas alturas dar un portazo a Turquía. Lo mejor que puede hacer es aplicar con la mayor objetividad posible sus criterios de ampliación y ser consecuente con todos los pasos que se han dado en los últimos cuarenta años para acercar el régimen de Ankara a Bruselas. Las reglas del juego se han ido cumpliendo hasta ahora y no pueden cambiarse sin más justificación que el miedo o la negativa europea a mayores reformas. La frustración que generaría en la sociedad turca sería inmensa. Turquía es a efectos de la Unión Europea un país europeo. Por mucho que les pese a algunos, el reconocimiento ya fue hecho por las instituciones europeas en los años noventa. Según la Comisión y el Parlamento, además el candidato cumple los criterios políticos mínimos para abrir negociaciones a lo largo de 2005. El Consejo Europeo, sin embargo, ha dicho un sí con peros a esta apertura, a través de novedosas claúsulas de salvaguardia y vigilancias especiales del proceso de negociación. Por si fuera poco, Francia ha anunciado un referéndum para el final del proceso, en el que los ciudadanos decidirán si dan luz verde a Turquía y otros países pueden seguir su ejemplo. Estos miedos y cautelas se basan en varios tipos de consideraciones, que no han emergido del todo a la luz pública. En primer lugar, se piensa que Turquía no logrará fácilmente el cumplimiento pleno de todos los criterios políticos y económicos, por mucho que el período de negociación dure diez o quince años y se ayuden a los continuos esfuerzos reformadores de su minoría ilustrada. El régimen de Ankara bascula entre los minoritarios herederos de Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la república laica en 1923, apoyados en el poderoso Ejército, y los mayoritarios partidos islámicos, en los que se dan distintos grados de fundamentalismo religioso y de europeísmo. Asimismo, la Unión Europea acaba de hacer una ampliación a diez países sin demandar en serio el cumplimiento estricto de los criterios políticos y económicos y este mal precedente preocupa, ya que le resta autoridad a Bruselas para ser ahora muy exigente con Turquía. Por otra parte, la propia Unión parece incapaz de prepararse a las sucesivas ampliaciones. Ha aprobado una Constitución que, pese a ser muy difícil de ratificar, contiene un reparto de votos que daría más poder a Turquía que a Alemania o Francia, tal vez una decisión que buscaba poner barreras a la entrada de Ankara. Como estamos viendo en las actuales negociaciones de presupuestos europeos para 2006-2013, la Unión no es capaz de dotarse de fondos suficientes para que haya una redistribución digna de este nombre entre los participantes en un mercado interior con condiciones económicas y sociales de partida muy dispares. Sus Estados miembros, finalmente, aún no han aprendido a gestionar con éxito sociedades cada vez más multi-culturales y en Francia, Holanda y Austria preocupa mucho la perspectiva de la libre circulación de personas con Turquía, por mucho que haya antes largos períodos transitorios. Finalmente, el Reino Unido es el gran defensor de Turquía (una vez que España se ha replegado a una segunda fila detrás de Francia), y esto despierta recelos franceses y alemanes, que ven en el decidido apoyo británico la bien conocida influencia de EE. UU. y el deseo de que la Unión sea sobre todo un mercado. Sin embargo, los británicos en este caso son europeístas: la entrada de Turquía dentro de quince años aceleraría la transformación del país candidato, en el que definitivamente triunfaría el modelo occidental, y supondría un revulsivo para la Unión, que tendría que adaptarse y evolucionar, profundizar en sus valores democráticos y afirmar la compatibilidad entre los derechos fundamentales y las creencias religiosas en cualquier sociedad, cristiana o musulmana. La importancia estratégica de Turquía y su aportación decisiva a la defensa europea son argumentos añadidos para el ingreso de los sucesores de la Sublime Puerta en Europa, a su tiempo y con toda la objetividad posible.