ESPAÑA y Francia han dado un paso más hacia el control de las mareas negras. Pretenden que se impida el tráfico de buques en mal estado y se penalice a las tripulaciones que cometan actos de negligencia o imprudencia. Pero la misión no es sencilla. Otros países miembros de la Unión vetarán la directiva propuesta con los mismos argumentos que surgen en Galicia contra una aplicación concreta y posiblemente discriminatoria del Tratado de Kioto. La adecuación de las flotas griega, chipriota y maltesa a la norma europea tendría un coste ruinoso para estos países. Y además no bloquearía la piratería: terceras naciones acogerían con mucho gusto a los armadores-basura. Es complicado justificar normas que no afectan a todos los que participan en el juego. No estaría de más ir elevando las miras y proyectar un nuevo acuerdo de Kioto centrado en el transporte de productos petrolíferos. O volveremos al chapapote.