EN UN FORO de debate organizado esta semana por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la de Directivos de la Comunicación (DIRCOM), con la participación, entre otros, de los directores generales de las televisiones públicas estatal, gallega, vasca, catalana, andaluza y madrileña, bajo el título A dónde van las televisiones públicas españolas , el máximo responsable de la CCRTV y ex ministro de Industria en uno de los Gobiernos de Felipe González, Joan Majó, contestó a la pregunta de manera clara: la televisión pública catalana que yo dirijo es una televisión nacional de una nación sin Estado y por ello su presupuesto no es un gasto sino un coste, como la educación, y debe ser equivalente al que destina Dinamarca, país con similar número de habitantes que Cataluña. E ilustró su afirmación añadiendo que este criterio no se entiende bien en la Unión Europea porque cuando se convocan reuniones comunitarias para hablar de las televisiones nacionales y de las televisiones regionales, a ellos se les incluye en este segundo grupo, en el que nada tienen que ver con la televisión de Aquitania, que sí es regional. Sus argumentos fueron compartidos por los demás ponentes, sin que constase, al menos en el acto, parecer contrario o modelo distinto. Cuando en la década de los años ochenta se crearon las televisiones públicas autonómicas, siguiendo el modelo del ente público RTVE, y no, como en Francia, transfiriendo la segunda cadena a cada autonomía, se puso la primera piedra de este desorden audiovisual público español en el que, como ocurre con la educación, cada una compite con las demás y todas por separado se consideran televisiones nacionales con derecho a gestionar presupuestos públicos equivalentes a los que manejan las televisiones públicas de los Estados miembros de la Unión Europea con igual población. Dejando a un lado, porque no es el objeto de este comentario, las consecuencias que para la configuración de España acarrea el proceder de muchas de estas televisiones, en términos económicos podemos estar hablando de unos 6.000 millones de euros anuales como presupuesto total de funcionamiento de los 20 entes públicos de radio y televisión que llegaremos a tener, incluidos los de Ceuta, Melilla y RTVE. ¿Tenemos ese dinero? Bien es verdad que se puede reducir si para esta última, humillada y perseguida como está, algún gobierno, con el aplauso de varios autonómicos y de no pocos grupos parlamentarios, decreta su defunción con el argumento de que las 19 restantes suplen con creces su actual cometido. El próximo paso será pedir que cada autonomía gestione su espectro radioeléctrico, algo que todavía está en manos del Estado. Será otro tramo de la carrera.