LA FIRMA de ayer en Roma de la nueva Constitución Europea tuvo toda la solemnidad que requiere un acto de esta importancia histórica. Merecería un artículo aparte el contraste entre la magnificencia del Campodoglio y la sala de los Horacios y Curacios, por un lado, y por otro las sillas y la mesa de un azul brillante y hortera, el tono elegido normalmente por el decorador favorito de Silvio Berlusconi para sus convenciones empresariales. También tiene su punto el hecho de que presidiese el acto la estatua del Papa Inocencio X después de que Giscard y otros se negasen en rotundo a citar en el preámbulo al cristianismo como una de las señas de identidad más del pluralismo europeo. Pero lo que me parece más importante destacar hoy es que en España corremos el riesgo de devaluar tanto el debate europeo como el sentimiento europeísta por un exceso de propaganda oficial sin fisuras, demasiado a favor de este nuevo paso en la integración y de la nueva Unión de 25. Yo, desde luego, votaré sí en el referéndum consultivo convocado por el Gobierno español el 20 de febrero porque en el nuevo texto hay avances jurídicos y políticos innegables, desde la definición de una Unión de ciudadanos y Estados a la mejora impresionante del espacio de libertad, seguridad y justicia. Además, esta nueva Constitución formal conserva la mayor parte de las normas de la constitución material que han permitido el éxito de la integración a lo largo de cinco décadas. Pero es contraproducente no reconocer que en el nuevo texto junto a las luces también hay sombras, empezando por la pérdida de peso de nuestro país en el Consejo, pactada por el presidente Zapatero a cambio de nada, en contra del consejo de los negociadores expertos, o las mayores facilidades que se dan para desarrollar una Europa a varias velocidades, lo que producirá tensiones en el futuro muy difíciles de manejar entre países más y menos prósperos. Del mismo modo, produce rechazo la avalancha de declaraciones gubernamentales en España que desde marzo identifican el europeismo con las posiciones alemanas y francesas y que cierran los ojos a la lógica divergencia de intereses que en muchos temas puede tener España con sus socios comunitarios, desde la pesca y los fondos estructurales a los asuntos mediterráneos e iberoamericanos. Si ésta es la tónica que se sigue, en el referéndum de febrero puede haber aún mayor abstención que en las elecciones europeas de junio pasado, puesto que lo normal es desconfiar de quien anuncia algo como maravilloso, imprescindible y gratis. El resto de los gobiernos europeos practican un sano realismo y dan por descontado que es muy difícil que este nueva Constitución entre en vigor tal cual, al ser casi imposible que se logre la ratificación de todos los Estados miembros. En todo caso, al Gobierno español le costará cumplir su promesa de lograr que España sea de los primeros en ratificar si hace caso al reciente dictamen del Consejo de Estado recomendando que se consulte al Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad entre las dos constituciones, la española y la europea. Esto retrasaría algunos meses la ratificación parlamentaria española, o incluso más tiempo si el alto tribunal se pronuncia favorable a que se modifique la Constitución española como condición previa a la ratificación de la europea, como ya ocurrió con el Tratado de Maastricht en 1993. Nada de esto es grave y sí lo sería no respetar estos trámites propios del Estado de Derecho en el que se sustentan el constitucionalismo español y el europeo. Lo que me preocupa es que en la ola de propaganda de la Constitución europea nos vendan Europa como si no formáramos desde hace siglos parte consustancial de ella y como si la nueva Unión fuera una panacea y no se pareciera mucho en el fondo al actual sistema comunitario, en el que todos defienden sus intereses sin complejos en el ágora de Bruselas. Información en las páginas 2, 3 y 4