EL CASO de Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra, es paradigmático de cómo se entiende la política en este país. Huye como gato escaldado de una comisión de investigación sobre los asuntos que se han denunciado en torno a su actuación, como otros escapan de los debates o pretenden ampararse en sus derechos parlamentarios para cualquier problema ajeno a su ejercicio. A Rafael Louzán nadie, que yo sepa, se ha atrevido a acusarle de la comisión de delitos, bien porque no existen o si alguien sospecha que los ha cometido no tiene pruebas. Pero sí se han difundido acusaciones sobre comportamientos que, cuando menos, no reunen los requisitos éticos mínimos. Pero la ética aparenta ser para algunos hombres públicos en general como la Religión en la enseñanza: opcional. El presidente de la Diputación estará contento porque la mayoría le protege y con los votos se puede hacer democracia o aplastar a las minorías. Nadie ha hablado de vínculos empresariales del presidente, sino de que personas de su entorno, en apariencia con pocos recursos para crear empresas, que no sólo son titulares de ellas sino que además han recibido encomiendas de la Diputación. Eso y, entre otras cuestiones, la aportación de Ribadumia -patria chica de Louzán- a las huestes del personal del ente provincial, son cuando menos indicios no de ilegalidad -que si se pudiera demostrar, también-, pero sí de una ética más bien quebrada. Los presuntos abusos en política no se pueden resolver muchas veces en los juzgados, pero si en las instituciones o en las urnas. Cuando en las corporaciones, gobiernos o parlamentos la mayoría ahoga las vías de investigación, queda el castigo de los votos. Y todo indica que hasta ahora a la ciudadanía, a la hora de votar, la falta de ética no le mueve a la sanción. Como diría genéricamente López Veiga: Y mientras, algunos políticos que maladministran el dinero de todos, manejan el suyo bajo el paraguas de aquel viejo milagro de los panes y los peces.