ES CIERTO que en un breve período de tiempo España ha pasado de un Estado fuertemente centralista a ser uno de los países más descentralizados de Europa. También lo es que el Estado autonómico presenta importantes peculiaridades respecto a las fórmulas federales clásicas y, por tanto, carece de referencias comparadas precisas que faciliten su comprensión y desarrollo. Por supuesto, todo ello genera importantes disfunciones, algunas muy visibles en los últimos años. Pero, sin duda, una de las causas del conflicto y tensión permanente que vive el Estado es la falta de adaptación de los grandes partidos políticos a la distribución territorial del poder que consagra la Constitución Española, consecuencia de la pervivencia de la vieja cultura centralista en abierta contradicción con la nueva realidad institucional del país. Tres ejemplos servirán, creo, para ilustrar mi afirmación. Hace aproximadamente dos meses, los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, siguiendo las directrices de la cúpula de su partido, se negaron a asistir a una reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Es evidente que con su actitud los mencionados consejeros abdicaron de su responsabilidad de gobierno, faltaron a su compromiso con los ciudadanos que representan y dificultaron el normal funcionamiento del Estado. Un segundo ejemplo, muy revelador de la cultura y de la concepción del Estado que tienen ciertos dirigentes políticos, lo constituye la reacción de Rajoy a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, afirmando que, pese a las discrepancias, estaban dispuestos a asistir a la reunión. Pero ¿quién es Mariano Rajoy para tomar una decisión que sólo corresponde a los presidentes de los diferentes gobiernos autonómicos, en función de los intereses de los ciudadanos que institucionalmente representan, y en tanto que representantes ordinarios del Estado en sus respectivas comunidades autónomas? El último testimonio nos es más cercano. Se refiere al congreso del PPdeG celebrado este fin de semana en Santiago. Al día siguiente de la clausura del evento se ha recrudecido el debate sobre la forma en que debe ser elegido el sucesor de Fraga al frente del partido y de la candidatura a la presidencia de la Xunta. Pues bien, sólo a Ángel Acebes -y al que asó la manteca- se le puede haber ocurrido proponer que el sucesor de Fraga fuese designado en Madrid y no a través de un congreso democrático que refleje la voluntad de los afiliados gallegos al Partido Popular. Pero, por muy disparatada que parezca, la propuesta de Acebes responde fielmente al pensamiento de la dirección del PP, que concibe el Gobierno gallego como una pieza de su engranaje y como mera correa de trasmisión de su estrategia política. El PP -y el PSOE- tiene que asumir de una vez por todas que las institucines autonómicas no son simples delegaciones de la Administración central, y mucho menos terminales de sus respectivos partidos políticos. Mientras no lo hagan, el conflicto será inevitable y la sucesión de contenciosos no hará sino dañar el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones. Pero de momento los datos confirman un hecho incuestionable: los partidos políticos no se han adecuado a la espectacular transformación que ha experimentado el Estado. Y lo que es más grave, tienen la intención de salir indemnes de ella.