SE HA HABLADO mucho de la burbuja inmobiliaria. No es de extrañar: los pisos suben, y suben; y, mientras lo hacen, la burbuja crece y crece; y cuanto más crece, mayor es el peligro de que un día se nos estalle en las narices, dejándonos, además de con un palmo de las ídem, con un préstamo hipotecario por un montante superior al que, tras el estallido burbujero, valdría el piso hipotecado. En fin: que un sin vivir. Nadie se refiere, sin embargo, a la burbuja de la reforma estatutaria, por más que, desde hace semanas, la tal burbuja esté, cual preñez, en abierto proceso de hinchazón. Las razones de esa despreocupación son variadas, pero una resume, en realidad, todas las demás: poca gente está pendiente de que se lleve o no a cabo una reforma cuya concreta utilidad se desconoce. Aunque eso no impedirá, ya lo verán, que la burbuja estatutaria siga creciendo, hasta que lo que ahora no le importa un pito a casi nadie acabe siendo motivo de agitadísimo debate en los cafés, de mesas redondas en Universidades e institutos, y de agria discusión entre quienes viven de la cosa: los políticos. De hecho, son los políticos -casi siempre más habilidosos para abrir en la sociedad brechas que no existen que para cerrar las existentes- los únicos que de momento se chinchan mutuamente a cuenta de la reforma estatutaria. Fraga acaba de tildar de «papeliño» el documento del BNG sobre el asunto. En los próximos meses oiremos palabras similares: papelote, papelazo, papelucho. Pero no la palabra clave: papelón. Papelón, sí, porque la estatutaria es, como la inmobiliaria, una auténtica burbuja en cuyo interior hay sólo aire. Los Estatutos regulan básicamente dos cuestiones: las competencias de una Comunidad y la organización de sus instituciones de gobierno. Pues bien: salvo que se opte por un marco distinto al autonómico, el camino hacía la descentralización que podían andar los Estatutos está de sobras recorrido. Nada sustancial queda ya por transferir y nada esencial falta por hacer para perfeccionar los sistemas de autogobierno de los territorios españoles. Se pueden, sí, introducir en los Estatutos, los cambios que se han ido operando en la realidad a través de leyes autonómicas, pero para ese viaje no hace falta llenar las alforjas de toda la retórica nacionalitaria que, como las legiones romanas en Astérix, veremos próximamente desplegarse. Por lo que nos toca: aceptemos, con total tranquilidad, que se puede reformar nuestro Estatuto para adaptarlo a la realidad autonómica actual. Pero hagámoslo admitiendo también, con realismo, que ninguno de los actuales problemas de Galicia depende, en su solución, de que se lleve o no a cabo tal reforma.