SALVO los desalojados, nadie lamentó tanto la vuelta de los socialistas al poder como la muchachada episcopal. Quizá teme que salgan rojos de verdad y no reconozcan los derechos divinos tan humanamente conquistados. El neoconservadurismo popular solapó un neoconfesionalismo, con ampliación a la Iglesia Católica de casi todos privilegios anteriores sin reparar en gastos: la friolera de no menos de 3.500 millones de euros al año, que el seráfico cardenal Amigo dice que no llegan para pipas (La Voz, 3 de agosto, p. 41). Los pastores, agradecidos por la lana, devolvieron la gauchada: guardando silencio (asunto guerra de Irak) o con munición ética (pastoral contra el nacionalismo vasco). Ahora lanzan ruidosos ataques preventivos contra la hueste zapateril. La relación de la Iglesia con la política no es seria. En teoría proclama la independencia de ambas, pero en la practica niega las consecuencias. Una incoherencia menor: si el Estado es aconfesional, ¿por qué permite que el Rey presente la ofrenda al Apóstol en nombre de la Nación española? Otra mayor: denunciar las miserias del poder civil desde los púlpitos y aceptar sus untados sobres no es precisamente lo que se entiende por denuncia profética. Pero los políticos no los mejoran. La decisión de firmar acuerdos de cooperación con todas las religiones arraigadas en el país, no hace sino confirmar la justeza de la demanda católica. Y la renuncia a revisar los acuerdos con el Vaticano no evita abrir un conflicto nuevo, sino que deja abierto el existente. La batalla dialéctica descubre la peculiaridad del catolicismo hispano: los más acérrimos defensores de las subvenciones estatales a su iglesia resultan ser los mismos que lloran el gasto social. Todo para el alma, y al cuerpo que le den bertorella.