EL MINISTERIO de Justicia se dispone a impulsar «los acuerdos de colaboración» firmados con musulmanes, evangélicos y judíos en 1992, para luego ampliarlos a otras confesiones. Solución con visos de no llevar a parte buena. Se dice que el Estado no puede discriminar a ninguna de las multinacionales que ofrecen sus servicios en el ramo de espirituales, y por ello ha de concederles el mismo trato que a la Iglesia Católica. Verdad que se reduce a tres puntos: pasta, escuela y acceso a los medios de titularidad pública. Los católicos aprecian tanto su fe que se consideran titulados para imponer al conjunto de los contribuyentes una carga que sólo a ellos corresponde; atina el Gobierno al apuntarles los gastos de terceros. En cuanto a la escuela, es doctrina probada que la religión se enseña y se vive en la comunidad de creyentes, y que el principio de subsidiariedad impide pasarle al de arriba lo que puede hacerse abajo. La batalla por la enseñanza de la religión en la escuela es ideológica y por clientela, no trajo más que líos y seguirán mientras unos y otros no acepten sin rechistar las consecuencias de la aconfesionalidad estatal. Los tiempos que se avecinan pedirían otra estrategia: la escuela pública es un espacio de socialización y la catequesis contribuye más bien a señalar diferencias irreconciliables que a enseñar a vivir juntos. En cambio, una asignatura de Historia de las Religiones, obligatoria y científica, ayudaría a que los niños procedentes de familias con distintos credos tuvieran ocasión de conocer los de los otros. No es función del Estado decirle a los ciudadanos qué pueden creer, pero tampoco es un derecho de éstos exigir a aquél que financie sus creencias. Cuando la religión y la política andan a partir peras, mal año para la convivencia.