EL 1 de junio, Galicia recibe dos palos: la ministra de Fomento pone en duda en el Congreso el mapa del AVE; y ese mismo día, una empresa gallega pierde un gran contrato con Defensa en favor de una decadente compañía andaluza, que llevaba años parada y cuyo capital ostenta la Junta de Chaves. Al tiempo, el Gobierno se apresura a pagar la deuda histórica de Andalucía: 2.500 millones de euros para el granero electoral del PSOE. Además de irritar a los gallegos, los desaires de Madrid soliviantaron a la Xunta, al BNG y, de puertas a dentro, a notables del PSdG. Tan es así, que el viernes 5, sólo tres de días después de que la ministra de Fomento cuestionase el AVE, la vicepresidenta del Gobierno aterrizó en Lavacolla como apagafuegos. De la Vega hace alarde de buena voluntad y promete todo lo prometible (incluso en temas que no domina). Pero al día siguiente, Magdalena Álvarez llega a Galicia y dinamita, por falta de tacto, todo lo que había recompuesto su superiora. Además de llamar «victimistas» a los gallegos, la ministra reinventa la metafísica: tras decir que el Plan Galicia «carece de plazos», añadió que ella lo iba hacer en la mitad de tiempo. Como todo lo malo es susceptible de empeorar, el pasado viernes Fomento dejaba caer que quiere volver a licitar tramos del AVE Santiago-Ourense, lo que paralizaría las obras al menos un año. La razón: a la ministra no le gusta el procedimiento de licitación urgente que había empleado Cascos, su antecesor (electoralista, sí, pero muy beneficioso para los intereses gallegos). Resultado: Galicia ve cómo se frena algo que ya era palabra de BOE. Ayer, por fin, el propio Zapatero despejó con rotundidad que habrá AVE y Plan Galicia. ¿Próxima parada? La ministra tiene que dar marcha atrás o su jefe debería apearla del tren del Gobierno.