EL CIUDADANO liberal con alguna memoria o experiencia, y resignada preocupación, puesto que al final le va a tocar pagar los platos rotos, venía pensando que muchas actuaciones del Gobierno zapaterista hasta ahora se resumían en el famoso «si sale con barba, san Antón, y si no, la Purísima Concepción» propio de la chapuza, la falta de criterio o la improvisación. Incluso en temas tan importantes como la pervivencia de España como nación, la postura presidencial es un habrá que ver qué deciden en cada cantón o taifa, y luego, poner peana constitucional al santo o santa, según cuota. Pero si en todas estas cosas bien se puede recordar a Séneca y su «quien no sabe dónde va nunca encuentra viento favorable», en el tema de la Justicia sí se sabe por do circulan los alisios, y la nueva singladura nos recuerda las sentencias guerristas acerca de la muerte de Montesquieu, con su separación de poderes. Por si no fuera poca la amenaza para la seguridad del justiciable de desnaturalizar el Tribunal Supremo, repartiendo sus competencias en cada comunidad, aún hay más. La pretensión del ministro canario de cuota masculina, camuflada entre otras, de que las instrucciones judiciales se lleven a cabo por los fiscales, es decir, por el Gobierno, en lugar de por los jueces como hasta ahora, pone de punta los pocos pelos que nos van quedando. Esta medida, cuyo coste económico y organizativo puede ser devastador, tendría la ventaja para el nuevo poder político de menoscabar lo que queda de independencia de la Justicia, y, en consecuencia, facilitar la impunidad en el despotismo y la corrupción. Con estos planteamientos no resulta anacrónico, pues, que el hermano más leído de la ilustre saga sevillana de los Guerra resucite también ahora presentando sus memorias, ¿dentro de un primoroso convoluto?