La última mascarada

| ROBERTO L. BLANCO VALDÉS |

OPINIÓN

25 may 2004 . Actualizado a las 07:00 h.

HAN VUELTO a intentarlo y, salvo que el Tribunal Constitucional decidiese otra cosa, tampoco ahora les saldrá. Herritarren Zerrenda (HZ), la enésima máscara tras la cual ha tratado de ocultarse legalmente Batasuna, no podrá presentarse a las elecciones europeas. Como no pudo hacerlo AuB a las pasadas municipales y autonómicas; y como es de esperar que no pueda hacerlo nunca más ninguna marca electoral tras la que se agazape el mundo criminal que ETA controla a punta de pistola. Ejercida su acción por el fiscal, instada la anulación por el Gobierno y acordada por quien únicamente puede hacerlo -el Tribunal Supremo-, sorprende ver las reacciones compungidas del mundo batasuno y las falsamente airadas del PNV y aliados, ante lo que les ha parecido una decisión decepcionante en la nueva situación . Pero ¿se creían, de verdad, que con el cambio de Gobierno iba a ceder la presión legal sobre Batasuna y sus marcas adyacentes? Hay que estar en la inopia para razonar de esa manera. El PSOE fue un firme impulsor de la ley de partidos, en cuya mejora participó decisivamente el actual Ministro de Justicia. Tanto él como Rodríguez Zapatero han expresado el indeclinable compromiso del Gobierno de mantener el acoso legal al universo de grupos y organizaciones controlados por la banda terrorista. Instar la anulación de HZ forma parte de esta acción. Como lo forman las decisiones independientes del Fiscal del Estado y del Tribunal Supremo, que han actuado ateniéndose a lo determinado por la ley. Por lo demás, los argumentos de los defensores de HZ serían risibles, si no estuviera en juego la vida y la libertad de miles de personas. Los inspiradores de HZ han manifestado que con la anulación se conculcan derechos ciudadanos, argumento que, además de indecente viniendo de quien viene (de quienes se niegan a condenar los crímenes de ETA), es sencillamente falso. Los derechos casi nunca son ilimitados y el límite fijado en este caso está justificado plenamente en un Estado democrático: no pueden concurrir a los comicios los candidatos ligados a un partido que ha sido ilegalizado previamente por defender los crímenes de un grupo terrorista. En cuanto a la línea argumental del gobierno vasco y de los partidos en que se sostiene nada hay que decir, pues se contesta por sí sola. Según Ibarretxe la anulación de la candidatura de HZ dificulta el fin de la violencia. Dado que la violencia etarra ha disminuido como nunca desde que la ley de partidos se aprobó, hay que entender que lo que quiere decir Ibarretxe es otra cosa: que dificulta el fin negociado de la violencia. Es decir la negociación con ETA. Y en eso tiene Ibarretxe, claro, toda la razón