LA INVESTIGACIÓN sobre el horroroso atentado del 11-M está garantizada. Así lo han acordado todos los grupos parlamentarios con la excepción del CiU y Coalición Canaria, posibilitando la constitución de una comisión que habrá de clarificar lo ocurrido en fecha tan fatal. Incluido el PP que, aunque tarde, se ha sumado a la propuesta, para poner de manifiesto que no tiene nada que ocultar. Hasta hace pocas semanas la constitución de una comisión de investigación en este país era un acontecimiento de carácter utópico. El gobierno popular no se mostró jamás dispuesto a poner en marcha este tipo de iniciativas, en cuestiones fundamentales. Como ocurrió en la catástrofe del Prestige o en el accidente del Yakovlev, por citar dos ejemplos. Pero ahora el panorama se ha tornado. Y ahí están todos dispuestos a averiguar lo ocurrido. Todos prestos a echarse las responsabilidades a la cara y a «recuperar la bronca política», como temen los convergentes catalanes. La comisión tiene un difícil recorrido. Porque, seamos sinceros, muy pocos de los que la conforman tienen claro que los intereses generales han de estar por encima de los particulares. Lo que cada uno va a tratar es demostrar su ausencia de responsabilidades en lo ocurrido. Hablar de ocultación, de manipulación y de conspiraciones mediáticas. Ya lo están haciendo cuando aún no se echaron a andar. Aunque lo que debería de primar es saber por qué ocurrió, qué fallos se cometieron y qué se puede hacer para que no vuelva a suceder. A los que habitamos este país llamado Galicia, la comisión nos satisface como españoles. Pero nos apena como gallegos. Los populares aseguran que apoyan esta iniciativa porque no tienen nada que esconder, ni nada que temer. Se ve que no lo tenían tan claro en la del Prestige .