DESDE 1998 y hasta hoy mismo, nuestro Ministerio de Agricultura ha permitido, unilateralmente dentro de la Unión Europea, el cultivo de maíz genéticamente modificado, incluso ampliando el año pasado por estas fechas de dos a siete el número de variedades autorizadas, cultivos que ya ocupan entre nosotros unas cien mil hectáreas. El lector debe saber que importamos además anualmente cinco millones de toneladas de soja transgénica. Mientras nosotros asumíamos también aquí un liderazgo -con Portugal y de la mano de EE. UU.- trasatlántico un tanto temerario, la UE venía manteniendo una moratoria a tales productos y cultivos como principio de precaución. Finalmente, después de múltiples presiones externas -y de abanderados internos como el ex ministro Cañete- contra tal moratoria, en enero de este año entró en vigor un reglamento comunitario que ordena la comercialización de esos productos aunque obligando a su etiquetado explícito para conocimiento del consumidor. Sobra decir que en España la lista de productos alimentarios, a la venta en supermercados, elaborados con derivados de maíz y soja que el consumidor no tiene garantía e información de no ser transgénicos, supera de lejos la centena (ver lista roja en www. greenpeace.org/espana_es). A la vista está que tanto nuestra producción como nuestro mercado alimentario necesitan con urgencia en este asunto un cambio copernicano y tranquilizador. Cambio en aras de nuestra seguridad, autonomía y cultura alimentaria, tanto española como europea. En la producción debemos recapacitar, retirar esos cultivos, aislarlos de los convencionales, paralizar nuevas plantaciones... no hacer, desde ya mismo, ni más ni menos que lo que se acepte colectivamente en la Unión Europea. Y siempre después de minuciosas y rigurosas evaluaciones de riesgos. Evaluaciones que no debieran descansar en equivalencias de seguridad alimentaria al 99% manejadas como excusas para no hacer investigación biológica, ni en resultados sólo basados en el corto plazo para productividades, requerimientos de pesticidas o éxitos frente a plagas. En lo que respecta a la información al consumidor, no va a ser, de entrada, pequeña tarea hacer cumplir el reglamento comunitario citado sancionando y denunciando a todos aquellos industriales alimentarios que oculten el verdadero origen de sus componentes. Tarea que, dada la abulia de los últimos años y las presiones comerciales en el asunto para imponer un tótum revolútum, no va a ser fácil. Pero no basta con este primer paso. Es necesario incluir en el etiquetado explícito los productos derivados de animales alimentados con cereales modificados genéticamente. Tanto para que el ciudadano pueda decidir qué es lo que prefiere consumir, como para que los ganaderos sepan lo que les conviene utilizar. Lo mismo debiera hacerse con otros productos no alimentarios usados a diario (cosméticos, detergentes, etcétera). Dos grandes lagunas del actual reglamento europeo. Y en todos los casos -incluidos o por incluir- sería más acorde con el principio de precaución situar el nivel mínimo, para declarar la presencia de organismos modificados genéticamente, por debajo del actual 0,9% y mucho más cerca del nivel de detección (0,1%), tal como en su día propuso la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea.