PARA MUCHOS españoles, una de las ventajas del nuevo Gobierno socialista es que será más europeísta que el ejecutivo popular. De nuevo sorprende la superficialidad con la que abordamos los asuntos de Europa, a pesar de cumplir 18 años en la Comunidad y jugarnos en esta aventura mucho más que nuestra prosperidad económica. En primer lugar, en Bruselas hoy en día no está nada claro qué significa ser europeísta -es como preguntar a unos y a otros en Washington qué es ser un buen norteamericano. En las primeras décadas de la integración había una visión a largo plazo inspirada en valores éticos y no sólo en intereses nacionales. Entonces era posible el europeísmo como antídoto de las crisis periódicas de las instituciones, amenazadas por diversos egoísmos patrios. También tenía sentido esta movilización cuando España aspiraba a entrar en la Comunidad Europea, como afirmación de su identidad democrática y su deseo de modernización económica. Pero en el 2004, tras cincuenta años de integración, los éxitos de la paz intra-europea, el mercado interior, las ampliaciones sucesivas y la moneda única han convertido a la Unión en una comunidad política más, incluso la han transformado en el orden establecido contra el que muchos quieren reaccionar. Los ideales fundacionales se han debilitado a favor de la búsqueda nacional de réditos electorales a corto plazo en Bruselas -baste recordar al profético John Major preguntándose en voz alta: «¿Qué gano yo en esta negociación?». En las instituciones comunitarias hoy predomina una mentalidad utilitarista, a veces incluso cínica, y las invocaciones europeístas revelan la ingenuidad del principiante o suelen acompañar con todo descaro movimientos tácticos a favor de intereses nacionales o privados muy concretos. El proyecto de Constitución europea es europeísta en cuanto codifica los logros jurídicos y políticos de la integración en las últimas décadas. Pero los que hemos conocido desde dentro los debates de la Convención, sabemos que muchas de las propuestas constitucionales de alemanes y franceses llevan a la nacionalización de políticas europeas, al debilitamiento de la Comisión, motor de la integración, o a dejar en manos de los cuatro países más poblados el control sobre el decisivo Consejo de Ministros de la UE. Otras muestras de este talante euro-escéptico reinante son la ruptura franco-alemana del Pacto de Estabilidad o la negativa de los países más prósperos a que el presupuesto europeo financie adecuadamente una ampliación que perjudica especialmente a España y a Portugal. La segunda interpretación posible del mayor europeísmo atribuido al próximo Gobierno de Rodríguez Zapatero está relacionada con su intención de volver a situar a España en la órbita política de franceses y alemanes, no se sabe si por considerarlos depositarios de la verdad revelada europea o por el gusto de contradecir cualquier orientación internacional del ejecutivo popular. Es cierto que durante muchos años París-Berlín ha sido el eje principal de la integración y que los sucesivos gobiernos de Felipe González encontraron apoyos valiosos en ambas capitales durante la primera década de participación española en la Comunidad. Pero hoy en día franceses y alemanes ya no tienen un proyecto de Unión basada en intereses generales y su cohabitación europea es un pacto de socorros mutuos ante los efectos negativos de la ampliación y para la protección de sus economías en crisis, incluso si es necesario cambiando unilateralmente las reglas del juego europeo. Por fortuna, el ministro de Asuntos Exteriores in pectore , Miguel Angel Moratinos, ya empieza a matizar entusiasmos europeístas diciendo que la política del Gobierno socialista se centrará en defender intereses nacionales, eso sí, con un espíritu constructivo y de compromiso. Coincide poco más o menos con las primeras declaraciones de José María Aznar en la primavera de 1996.