«HABÍA ganas de cambio», proclamó anteayer solemnemente Zapatero para explicar su limpia e inesperada victoria electoral. Aunque esa diagnosis encierra en realidad una afirmación de claro contenido tautológico (pues todo cambio electoral expresa, por definición, la existencia de ganas de cambiar), su objetivo parece transparente: Zapatero trata de situarse en la misma estela -la del cambio- que en 1982 llevó a González al Gobierno. Sin embargo, la comparación entre 1982 y 2004 resulta, cuando menos, apurada. En primer lugar, porque el impulso por el cambio que lanzó entonces a González no estuvo mediatizado del modo en que lo ha estado el que acaba de aupar a Zapatero, quien hubiera perdido el domingo de no haberse generalizado la convicción social de que la masacre de Madrid debía anotarse en el debe del Gobierno. Tal cosa le parecerá injusta a muchos millones de españoles, pero la política es así. Es cierto que González se benefició de la conmoción social provocada por la intentona golpista de Tejero, pero las generales de 1982 se celebraron veinte meses después de que aquélla fracasara. Las del domingo, transcurridos tan sólo tres días desde el estremecedor atentado de Madrid, lo que no tiene precedentes en la historia democrática. En cualquier caso, las diferencias entre la coyuntura de 1982 y 2004 no se reducen a los motivos que en una y otra determinaron el impulso por el cambio de Gobierno. Tales motivos, sobre los que el PSOE no debiera en todo caso confundirse, quedarán antes o después para la historia. Y también -por qué no decirlo- para el análisis del nervio moral de nuestra sociedad. Mucho más trascendental hacia el futuro es el contraste entre la situación en que en 1982 debió González gobernar y la situación en que ahora deberá hacerlo Zapatero. González contó con una mayoría absoluta impresionante y con aliados por su izquierda y su derecha que compartían su visión para hacer frente a la tarea, aunque no más urgente, sí más decisiva que el PSOE hubo de afrontar: la de culminar la construcción del Estado de las autonomías. Frente a ello, Zapatero deberá acometer el gran desafío de la legislatura 2004-2008 -la fijación del nuevo pacto territorial exigido por los nacionalistas y algunos socialistas- en la peor situación imaginable: en minoría parlamentaria y con unos aliados potenciales que están mucho más cerca del independentismo que del autonomismo constitucional y estatutario. La construcción de la España autonómica la dirigió el PSOE con el acuerdo, primero de UCD, y luego del PP. Por eso fue posible. Meterse ahora a reformarla sin un gran acuerdo nacional constituiría poco menos que un suicidio.