EN UN SISTEMA democrático, sin perjuicio de las competencias reconocidas a los tribunales de justicia, sólo los ciudadanos, a través de las urnas, están legitimados para sancionar la acción política de un gobierno. Es, por tanto, en las elecciones generales cuando un partido gobernante está obligado no sólo a formular propuestas de futuro, sin duda inexcusables, sino a rendir cuentas de su pasada gestión. Especialmente relevante resulta esto último cuando el candidato a la presidencia del Gobierno ha ocupado ininterrumpidamente durante ocho años el cargo de ministro, incluida la primera vicepresidencia, en el ejecutivo saliente. Ésta es la razón por la que Mariano Rajoy no encontrará soporte democrático alguno para escamotear al electorado, como pretende, las ineludibles explicaciones acerca de las decisiones de gobierno de las que es plenamente corresponsable. Y, en especial, como de forma pertinente reclama Zapatero, sobre la más grave, controvertida y transcendente que puede adoptar un gobernante: implicar a su país en una guerra. Por eso resulta una tomadura de pelo inaceptable que el flamante candidato del PP a la presidencia del Gobierno pretenda eludir sus responsabilidades con excéntricas justificaciones, según las cuales la guerra de Irak es un accidente del pasado, y él, inmaculada vestal, sólo se dedica a hablar del futuro. Pero Mariano Rajoy no lo tendrá fácil. En primer lugar, porque la guerra de Irak, lejos de ser un infausto acontecimineto del pasado, es un drama del presente en el que siguen perdiendo la vida miles de inocentes, entre ellos ciudadanos españoles. Tampoco las investigaciones abiertas en Washington y Londres, aunque con ellas sólo se persiga encontrar un chivo expiatorio, facilitarán el desmarque oportunista de Rajoy, salvo que abjure del nuevo Yalta, como ridícula y rimbombantemente ha sido calificada la sediciosa cumbre de las islas Azores. Más complicado todavía le resultará a Rajoy ocultar las consecuencias que para nuestros intereses nacionales ha tenido la decisión de embarcarnos en la aventura iraquí. Al patrocinar una guerra a espaldas de la ONU, suplantando a ésta, el Gobierno no sólo ha situado a España al margen de la legalidad internacional, sino que ha reducido a nuestro país a un papel irrelevante. El efímero protagonismo de España sólo ha existido en función de los intereses inmediatos de EE.?UU. Aznar ha salido en la foto cuando Bush, aislado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, necesitaba todo el apoyo disponible para respaldar su acción militar unilateral en Irak. El presidente del Gobierno también ha sido utilizado para presionar a los países latinoamericanos del Consejo y, sobre todo, para promover la división y el consiguiente debilitamiento de la Unión Europea. Una vez cumplido su triste papel, el Gobierno español ha sido relegado a un segundo plano, del que sólo saldrá cuando de nuevo lo demanden los intereses norteamericanos. Distanciada de América Latina, perdiendo influencia en el mundo árabe y enfrentada a los países que quieren construir una Europa autónoma, ¿cuál es el papel de España en el concierto internacional? Incluso el escurridizo Rajoy, que tan celosamente nos oculta sus intenciones y sólo parece conocer lo que le conviene, comprenderá que no existe mejor ocasión que unas elecciones generales para responder de las graves deciones tomadas en el ejercicio del Gobierno y para explicar las consecuencias que aquéllas conllevan. Le guste o no, está obligado a rendir cuentas.