LA CONDENA del Tribunal Supremo a once magistrados del Constitucional es un buen punto de partida para escribir el guión de una película que cierre la serie dedicada a los esperpentos nacionales. Barrería en taquilla. La cosa arrancó de una debilidad muy hispánica: la provisión a dedo de las plazas de letrados del TC, que por ley son de concurso-oposición. Gran marrullería: la instancia encargada de velar por la escrupulosa observación de los procedimientos legales no los respeta ella misma. Un abogado atento a la jugada presentó un contencioso en el TS, cuya desestimación por tres votos a dos le animó a acudir al TC en amparo, con la petición saducea de que se abstuviera el once completo por su interés directo en el caso. Pero el demonio, que gusta de enredar entre puñetas, inspiró a los plenarios que acordaran la inadmisión «por cuanto que el recurso no se dirige a este Tribunal sino a otro hipotético que le sustituya». Toca a la canalla jurídica el comentario técnico de una providencia que, apurando las consecuencias paradójicas de una abstención colectiva, priva al justiciable de sus derechos constitucionales. Los legos se malician una macana interpretativa por aquello de mantenella y no convocallas. Pero metido en harina, el avispado jurista presentó una demanda civil contra los Justinianos que archivaran su recurso «sin examinarlo, como era imperativo». La Sala de lo Civil no aceptó que los magistrados del TC sean «inviolables» (del rey abajo, ninguno) y los declaró incursos en responsabilidad civil culposa, con rascado de bolsillos. Mientras redactan la sentencia, las gentes de orden insinúan que la Sala se ha cobrado de los desaires atrasados del TC. Como dejen algún cabo sin atar, sufrirán persecución por la justicia.