EL PROBLEMA no es si el presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, piensa lo que dice por más que esté acreditado que dice lo que piensa; el problema está en que ha desencadenado un vendaval con su casi nonata propuesta (su líder Rodríguez Zapatero le ha mandado callar y el presidente extremeño disciplinadamente lo ha hecho) de debatir qué hacer con los partidos nacionalistas para lo que él propone que sólo obtengan representación parlamentaria aquellas formaciones cuyo número de votos suponga un mínimo de un cinco por ciento del total de votantes en el territorio nacional, como ocurre, por ejemplo, en la federal Alemania. Mira también Ibarra a la reforma del Senado para que, de una vez por todas, deje de ser Cámara de segunda lectura y se convierta realmente en lo que dice al punto 1 del artículo 69 de la Constitución: «de representación territorial», y en donde tendrían una cabida más razonable esos partidos nacionalistas. Pero es que además Rodríguez Ibarra, con lo que unos llaman desparpajo aunque no es otra cosa que sinceridad -especie difícil de encontrar en un político-, cuenta, como diputado constituyente que fue, el acuerdo alcanzado para la redacción del artículo 68-2 de la Constitución: «La circunscripción electoral es la provincia», argumento definitivo para quienes huyen del debate y condenan sin más la propuesta del presidente extremeño. En aquellas inolvidables Cortes (1977/1978), en las que, además de Rodríguez Ibarra, también estaba -entre otros muchos- Xavier Arzalluz, se llegó al acuerdo de la provincia como circunscripción a condición de que los territorios históricos -fundamentalmente Euskadi y Cataluña- no reivindicaran el derecho a su autodeterminación. Y Arzalluz, por cierto, votó en contra de una propuesta del también diputado vasco Letamendía que pretendía incluir la autodeterminación de Euzkadi. «Quien ha traicionado ese acuerdo -decía ayer Ibarra a la cadena Ser- ha sido el plan Ibarretxe». El problema sería entonces concluir si, en términos vulgares, tendrían que pagar justos por pecadores . Pero es que el presidente extremeño llega más lejos y pone el dedo en la llaga al recordar que todo ello ha desencadenado la aparición de partidos nacionalistas que acuden a las elecciones con el fin exclusivo de mercadear su voto para la investidura de un presidente del Gobierno de España, con lo que sacan provecho para sus respectivos territorios que, naturalmente, se traduce en un mayor apoyo en las siguientes elecciones y así sucesivamente. Nadie duda de la contribución que a la gobernación del Estado han supuesto los apoyos en determinadas legislaturas de CiU y PNV -éste en menor medida que los catalanes-; pero nadie puede dudar tampoco que a cambio de ello han sacado importantes tajadas que, de alguna forma, alteran la solidaridad entre nacionalidades y regiones que integran la Nación española y que también es un mandato constitucional (artículo 2). Y no hace falta recordar lo que ha ocurrido en Canarias, Aragón e incluso Cantabria, que no son territorios con veleidades nacionalistas precisamente. El vendaval está desencadenado, por más que Rodríguez Zapatero intente sofocarlo con silencios; mira por dónde pudiera resultar que el Parlamento que salga de las elecciones del 14 de marzo acabe teniendo algo de constituyente porque, con la que está cayendo por todos los lados, quizás haya que ir pensando en abordar la reforma de la Carta Magna, sin alterar ni un ápice la integridad de su artículo 2 que, antes de referirse a la solidaridad que he escrito en el anterior párrafo, dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».