EL PRESIDENTE de Alemania, Johannes Rau, se ha sumado a quienes en ese país federal quieren cambios constitucionales para reducir el número de elecciones y recuperar para el Gobierno federal varias de las competencias que ahora tienen los Estados o Länder. Justo lo contrario de lo que se pide en España, en esa carrera a la que se han lanzado muchos políticos hambrientos de poder para modificar los estatutos de autonomía, obtener más competencias (no importa que las que se tienen no se ejerzan o se ejerzan mal) y achicar el Estado hasta convertirlo en diecisiete o todo lo menos en algo decorativo para que no moleste. Rau dice que el federalismo alemán falla en tres líneas: las excesivas competencias que los Länder han ido acumulando, la creciente confusión de las tareas, ingresos y gastos de la federación y de los Estados federados, y la maraña financiera entre las quince administraciones (aquí son diecisiete y con tendencia a complicarlas). Además ha pedido que el debate político salga de los talkshows de televisión (nuestras tertulias rosas y de todos los colores del arco iris) y se hagan donde hay que hacerlos en democracia: en el Parlamento y en sus comisiones. En esto también coincidimos con los alemanes y además en la misma dirección. La sociedad mediática lo que tiene es esto, que lo que no se diga en los programas de televisión no existe y así el Parlamento se ha quedado para la frase ingeniosa de diez segundos en la pequeña pantalla. Por remover y mover hasta hacer una pasta viscosa no se salva ni la Corona, a la que ahora se zarandea sin pudor y con irresponsabilidad, rompiendo 25 años de reglas no escritas pero sobreentendidas en las que la institución estaba al resguardo por su valor histórico, por su depósito de tradiciones, por su utilidad para la convivencia y por su capacidad de estabilidad colectiva. No es electiva pero se legitima democráticamente por decisión de los españoles. Desde que algunos usan al Rey como munición dialéctica partidista, sabiendo que a éste le está prohibido defenderse y solo le cabe callar ante la mentira y administrar los gestos con prudencia y sentido de Estado, estamos asistiendo a juegos peligrosos. Tan peligrosos como quienes han sugerido retocar también la Constitución en el apartado 3 del artículo 56, el que habla de la inviolabilidad de la persona del Rey y su no responsabilidad penal. Una carga de profundidad contra la forma de Estado bajo la inocua justificación de la democratización de la Corona.