LA ESTRATEGIA del Gobierno para frenar el plan Ibarretxe suscita muchas dudas desde el punto de vista jurídico y está colocando a nuestros jueces en una difícil posición. Yo diría que incluso a todo el estamento de los juristas que, al margen de su particularizada opinión sobre dicho Plan, ve cómo chirrían muchos conceptos tenidos por seguros y necesarios. Carente de capacidad de decisión y diálogo político, el Gobierno apela al manejo del Derecho, tanto para impedir como para, en su caso, criminalizar previamente hipotéticas conductas. Los intentos de recuperar el abandonado recurso previo de inconstitucionalidad y de modificar el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria ilegal de un referéndum son muestra de aquella actitud. Ni lo primero se concilia con la autonomía política ni lo segundo, ese l egislar a la carta o si se quiere ad personam , casa con la debida generalidad de la Ley e imparcialidad en tratamiento jurídico.