A LO LARGO de la última legislatura, Aznar y el PP han puesto en marcha una peligrosa estrategia política, mediante la cual pretenden patrimonializar la Constitución y utilizarla como arma arrojadiza contra sus adversarios políticos. No parecen tener reparo alguno a que, de este modo, la Carta Magna acabe alejándose del espíritu integrador con el que fue concebida. El objetivo de esta grosera operación consiste en establecer un marco conceptual que las fuerzas políticas de izquierda no se atrevan a traspasar, por miedo a los costes electorales que semejante atrevimiento pudiera conllevar. Sólo así se comprende que toda discrepancia con la política del Gobierno y, sobre todo, con su concepción de España, se presente como una actitud tibia, carente de la necesaria firmeza en la defensa de la Constitución y la unidad de España. La finalidad última de este discurso no es otra que asfixiar el pluralismo político y subordinar al conjunto de las fuerzas democráticas a la estrategia política y electoral del PP. No importa que esta política represente una seria distorsión de la convivencia, o que profundice las fracturas y la polarización del país, como demuestran las elecciones catalanas o el grave conflicto que se vive en el País Vasco. Mientras le reporte, como hasta ahora, pingües beneficios electorales, el PP no renunciará a su proyecto excluyente. A quienes no compartan mi diagnóstico, o lo consideren interesado y parcial, modestamente les recomiendo que reflexionen acerca de lo sucedido el pasado domingo en la FEMP. Cuando, por primera vez en la historia de esta institución, se había alcanzado un amplio consenso alrededor de una candidatura única, cuando parecía surgir un espacio público de diálogo y negociación, tan necesario en la crispada situación política del país, el PP se ha apresurado a abortar toda posibilidad de entendimieto unitario. Para lograr su objetivo, el partido del Gobierno recurrió a presentar una moción trampa -así la hubiese denominado Mayor Oreja- en la que, una vez más, el PP intentó instrumentalizar la Constitución como un elemento de exclusión y división. Tal decisión ha sido tomada en última instancia por Mariano Rajoy que, al parecer, ha asumido plenamente la pulsión incendiaria de su padrino político. Tan burda y artera ha sido la maniobra intentada por el PP que ha provocado cambios en las relaciones que diversos sectores y personajes políticos mantenían hasta ahora con la Moncloa. Por ejemplo, Paco Vázquez. ¿Qué ha sucedido para que el alcalde de A Coruña, que todavía recientemente pedía la suspensión de la autonomía vasca y tronaba en todos los medios de comunicación contra los nacionalistas, proclame ahora la necesidad del diálogo con esos grupos? Quizás haya comprendido -él y otros- que los halagos y condecoraciones recibidas no tienen relación alguna con su defensa de la Constitución y de la unidad de España, sino con los intereses partidistas del PP. En todo caso, lo ocurrido pone de manifiesto la perentoria necesidad de sustituir la confrontación entre nacionalismos, a la que irremisiblemente nos aboca la política del PP, por un proyecto integrador en el que todos, incluidos los nacionalistas democráticos, puedan sentirse comprometidos con el desarrollo del Estado democrático, y corresponsables del proyecto europeo de la España plural.