EL DEFENSOR del Pueblo no puede anular resoluciones de las Administraciones públicas, pero sí sugerir la modificación de los criterios de actuación utilizados o formular a las autoridades advertencias, recordatorios de sus deberes legales o indicaciones de nuevas medidas que deban ser adoptadas. Ahora mismo acaba de señalar, con referencia a la catástrofe del Prestige , que la dimensión y gravedad del asunto hacía exigible de las Administraciones estatal y autonómica gallega un tratamiento coordinado y el ofrecimiento de una información sistemática, completa y objetiva que -dice- «ha faltado y sigue faltando todavía». Quizá el señor Múgica debería estar más atento a los comunicados de la Xunta en lugar de, apuntándose alegremente a «los del no», formular estas imprudentes recomendaciones, por muy ligadas que las entienda a la defensa de los derechos del Título I de la Constitución, entre ellos el de recibir información veraz por cualquier medio de difusión.