UNO DE los elementos centrales en el balance económico de los gobiernos de Aznar es el de haber alcanzado el equilibrio en las cuentas públicas. Esto es, el déficit cero. Sin entrar en el análisis sobre la posible existencia de un déficit oculto o cuáles son las ventajas e inconvenientes de colocar el equilibrio presupuestario como el objetivo prioritario de la política económica, es útil saber cómo se avanzó en los últimos años en la consolidación presupuestaria. Porque lo que no está en discusión es que en los años de gobierno Aznar se ha producido un saneamiento de las cuentas públicas y, por lo tanto, el debate debe centrarse en cual ha sido el coste de este proceso de saneamiento. En la economía real no existen milagros como el de la multiplicación de los panes y los peces. Comparando 1995 con el último año con datos cerrados, 2002, y utilizando la información del último informe anual del BBVA los resultados son los siguientes. Primero, el desequilibrio entre los ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas mejoró en 6,5 puntos sobre el PIB hasta alcanzar el déficit cero. Segundo, esta corrección del desequilibrio presupuestario se logra por dos vías: aumentando los ingresos del Estado y disminuyendo sus gastos. La primera puede parecer sorprendente pero se corresponde con la realidad. Frente a la propaganda de la bajada de impuestos, en los años del gobierno del PP la presión fiscal en España aumentó de forma significativa: 2,4 puntos sobre el PIB. A este dato objetivo se le puede añadir otro valorativo y es que la distribución de esta carga fiscal se ha hecho más injusta socialmente, por la sustitución de impuestos directos por indirectos y porque la reforma del IRPF benefició de forma especial a las personas con niveles de renta más altos. La segunda vía del ajuste fue la reducción de gastos. Los gastos en prestaciones sociales -pensiones, desempleo y otros- se han reducido en 1,4 puntos sobre el PIB, de tal forma que la protección social se ha reducido en un país como el nuestro que ya está en los últimos lugares de la UE. Los gastos de capital, inversiones directas y transferencias, también se reducen en 2,1 puntos sobre el PIB. Se ha reducido de forma importante el esfuerzo inversor -ferrocarril, carreteras, puertos, etc. - en un país que todavía arrastra graves deficiencias infraestructurales que limitan su capacidad competitiva. Por último, la implantación del euro ha tenido un efecto positivo muy significativo sobre las cargas financieras del Estado, que se ha beneficiado al igual que los ciudadanos, de la importante caída en los tipos de interés que ha reducido en 2,4 puntos del PIB el coste financiero de la deuda pública. Conclusión: el ajuste presupuestario se consiguió con más impuestos, menos inversión, menos gasto social y menos gastos financieros. Este es el precio del equilibrio fiscal; un aumento desigual y regresivo de la carga fiscal, un país menos competitivo a medio y largo plazo, porque se reduce la inversión, y un país más injusto socialmente porque cae el gasto en protección social. En mi opinión, hemos pagado un precio excesivamente elevado para alcanzar un objetivo exagerado clara y voluntariamente por el Gobierno español. Porque la disciplina fiscal que exige la Unión Europea está alejada del dogma del déficit cero.