Zapatero pide un aplazamiento de su declaración por la «complejidad» del sumario
EL RÁPIDO crecimiento de la economía española desde mediados de los años noventa se explica, fundamentalmente, por la caída en picado de los tipos de interés. Gracias al esfuerzo de consolidación fiscal que hicimos los españoles de la mano de Solbes, primero, y de Rato, después, cumplimos con los requisitos acordados en Maastricht y nos pudimos integrar en la Unión Monetaria. El efecto ha sido particularmente positivo para España, porque se partía de tipos de interés muy superiores a la media europea y porque la tasa de inflación es más alta, lo que nos ha conducido a una anormal situación de tipos reales -esto es, descontada la inflación- negativos. De la manera que predice cualquier manual de economía, la demanda ha reaccionado expansivamente a esta situación y ha cebado el crecimiento, superando coyunturas internacionales poco favorables. Lo positivo de esto es que se ha generado empleo y renta. Con las estadísticas en la mano, esa es la verdad. Pero hay otras verdades ocultas en las cifras. Podría detenerme en que la precariedad en el empleo ha seguido avanzando inexorablemente, merced a las prejubilaciones y a la expansión de los llamados contratos basura . O en el hecho de que la desigualdad en la distribución de la renta y el bienestar ha aumentado como consecuencia del mayor crecimiento de márgenes empresariales y plusvalías inmobiliarias respecto a los salarios, de la reducción del gasto social en términos de PIB, y de las rebajas de impuestos directos compensadas por subidas de los indirectos. No obstante, todo esto tiene que ver, sobre todo, con la idea de cada uno sobre lo que es una sociedad justa. Y no debería sorprendernos que un gobierno conservador difiriese del criterio del anterior gobierno socialdemócrata, optando por mudar las cosas. En lo que sí debería existir un consenso más amplio es en que se ha perdido una buena oportunidad para reforzar las bases del desarrollo a largo plazo de la economía española. En vez de haber inmovilizado tanto dinero en forma de ladrillo, ¿no hubiese sido mejor incrementar los recursos destinados a investigación, educación, infraestructuras y capital productivo privado? Aunque la responsabilidad es compartida por todos, el primero de la fila es el Gobierno central. Porque podría haber aumentado la inversión pública en I+D y en infraestructuras -menos mal que existen los fondos europeos- así como sus transferencias a las comunidades autónomas para que pudiesen aplicar con éxito la reforma educativa y financiar las pobres -en términos comparativos- universidades públicas españolas. Porque podría haber incentivado en mayor grado la inversión productiva de las empresas. Y porque podría haber hecho mucho más para frenar la locura especulativa en el mercado inmobiliario. Lógicamente, lo anterior habría tenido sus contrapartidas. Quizás no hubiese sido viable eliminar el IAE y el impuesto sobre sucesiones, o rebajar el impuesto sobre la renta. Acaso se deberían haber elevado los tipos impositivos que gravan las transmisiones de inmuebles, en el caso de operaciones claramente especulativas, y haber impulsado más el alquiler y menos la adquisición de vivienda. Probablemente no hubiese sido posible la conversión a la religión del déficit cero. A lo mejor, algún responsable político debería empezar a deshinchar pecho.