LA DECISIÓN del Gobierno gallego de gravar con un impuesto finalista para la salud y el medio ambiente el precio de los carburantes -que ya soportan un impuesto de un setenta por ciento de su coste- debería ser ocasión para un debate sólido sobre la economía de la salud. Más allá de los efectos de este tipo de gravamen sobre el conjunto de la economía, e incluso de la naturaleza del impuesto, que grava el consumo y no la renta -en un teórico discurso político de rebaja de la presión fiscal-, parece urgente un análisis en profundidad de la economía del sistema sanitario gallego y de su gestión, porque no en balde invertimos en él un tercio de los presupuestos de la comunidad gallega. Inversión que no impide situarnos en los últimos lugares en inversión en salud por habitante en el conjunto de los países europeos, lo que no significa que tengamos los peores indicadores sanitarios, ni quizá el sistema sanitario más ineficiente. La sanidad supone un seis por ciento de nuestro producto interior bruto, porcentaje que está un punto y medio por debajo del porcentaje español, pero que tan sólo se distancia en cuatro puntos del complejo pesca-industria de transformación, razón por la que sorprende la escasez de estudios que evalúen este sector económico y que sustenten el debate sobre su gestión. De acuerdo al barómetro del CIS, dos de cada tres españoles están satisfechos con el funcionamiento de los servicios de salud. El presidente de la Xunta, usuario del sistema público, también. En el barómetro del CIS, los ciudadanos suspenden la gestión que se realiza en el sistema de salud. El presidente de la Xunta, no. Y mientras los expertos y los ciudadanos consideran imprescindible que los gestores de la sanidad revisen su propio trabajo para resolver los principales males del sistema sanitario, la opinión dominante entre los propios gestores se sitúa en la necesidad de más recursos económicos. Sin discutir esa necesidad, un sector económico de la importancia del sanitario exige sobre todo análisis, debate de alternativas, y las subsiguientes decisiones, sobre los déficits de gestión que en el se observan.