AUNQUE minoritario, hay un lugar común: el deterioro en la gestión de la política científica en España. Lo que parecía un impulso a dicha política con la creación de un ministerio específico para la ciencia y la tecnología, se ha convertido en un generador de ineficiencias administrativas que entorpecen el trabajo, más allá de la permanente escasez de recursos, económicos y humanos, endémica en la ciencia española. Y esta ineficiencia administrativa con graves consecuencias en la gestión de la política científica, podrían entenderla ustedes como propia y característica de la administración española. Pero no es así: En los lejanos tiempos de la transición -finales de los años 70 e inicios de los ochenta-, administrativistas y gestores capaces iniciaron una profunda y moderna reforma de la política científica y de su gestión, tanto en el nivel planificador como en el de la ejecución, y así fue posible sentar las bases de organismos ágiles y eficaces administrativamente, como la CAICYT o, más difícil todavía, el CSIC, que ejecutaban cerca del 90% de su presupuesto anual, frente al sonrojante 35% de las inversiones del actual ministerio. Nunca fueron los tiempos fáciles para la ciencia en España, pero estos últimos quizá ya tan solo desmotivan. Las últimas noticias son poco alentadoras. La decisión tomada en los últimos años de destinar fondos FEDER de la Unión Europea a la cofinanciación de proyectos de investigación, cuando anteriormente se dirigían a equipamiento e infraestructura, generó considerables problemas de disponibilidad económica en los proyectos aprobados, a la vez que enredos entre la UE y el ministerio. Pretender solucionarlo con la solicitud de créditos por los grupos de investigación para la financiación de sus proyectos, aún pudiendo entenderlo como eufemismo administrativo, introduce desconcierto, aumenta la desmotivación. La ineficaz burocracia ha desplazado a la gestión. Forges ha acertado: Hay un virus que no merece ser investigado, quien lo ha generado debe inactivarlo.