EL EX SECRETARIO de Energía de los anteriores gobiernos demócratas, Bill Richardson, a raíz del apagón en el Este de Estados Unidos y de Canadá, dijo: «Somos una superpotencia con la red eléctrica de un país de Tercer Mundo». Habría que saber a qué parte del mundo se refiere, pues 1.600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Parece que lo que quería decir es que las infraestructuras del servicio eléctrico norteamericano se han deteriorado en los últimos años, y eso es cierto, allí y en otros países del Primer Mundo. El apagón puede explicarse con esquemas técnicos; quizás un aumento de la demanda, en Ohio o en Canadá, produjo una alteración de tensión que se trasmitió por la red en un viaje de ida y vuelta durante unos segundos, hasta que disparó una central de generación y el vacío de potencia que ésta dejó, provocó desconexiones en cadena. En este supuesto, la red no fue capaz de soportar como debiera esas alteraciones, de acuerdo a las actuales disponibilidades tecnológicas y contando con la sobrecapacidad que debiera tener. En las horas siguientes al apagón, se cruzaron acusaciones y críticas, de Canadá a Estados Unidos y viceversa, de demócratas a republicanos y al revés. Un par de días después se ha decidido crear una comisión de investigación. El problema de la calidad del servicio eléctrico se ha ido gestando a lo largo de más de una década, pero no sólo afecta a ese país. Este año se han producido apagones en Mallorca, en Italia o en ciudades de América Latina. Las carencias de electricidad en Irak, también este año, se sitúan en otro lado del dibujo. La liberalización del sistema eléctrico trata de reducir los precios de la electricidad. Esto se ha conseguido en buena medida. Pero se ha dibujado un esquema entre cuyas características están el no reconocimiento de la inversión realizada por las empresas, es decir, la falta de garantía de su recuperación, y además la separación en dos del negocio eléctrico, la generación y la distribución. A ello que hay que añadir el desarrollo consecuente de una cultura del beneficio inmediato para cualquier inversión que se realice; esto, entre otras cosas ha disminuido fuertemente la dedicación de recursos a I+D. En Estados Unidos se oyen críticas a que no se invierte en líneas de transporte. Esto es así ya que esa inversión no se traduce en mayores ingresos para las empresas, que están garantizados por las actuales redes; se aumentaría la seguridad del suministro, pero eso no tiene prácticamente caminos de retorno a la inversión. Los apagones de California en el año 2000 y 2001, de origen distinto del actual, se ligan a esas filosofías liberalizadoras en su peor esquema, la empresa Enron, que se extendió por varios países y aquí en España tuvo su hueco. El sistema energético vive en una guerra no declarada por disponer de hidrocarburos -petróleo y gas natural-, que son los vectores que requieren menor inversión específica en su transformación y pueden dar mayor flexibilidad de uso; pero sus reservas son limitadas, y están en ese otro lado del mapa, en Oriente Medio. La actual cultura de liberalización no tiene una visión de futuro planificado, la cual es necesaria para obviar una crisis energética en las próximas décadas, aparte de los ahora más previsibles apagones. En julio, una reunión de políticos de centro izquierda en Londres demandaba el Estado Garante (Ensuring State) , que garantizara los servicios sociales, los cuales pueden ser desempeñados por empresas privadas, pero con control y garantía públicos. La electricidad, en un mundo urbano como el nuestro, con sus complejidades e interrelaciones con otros servicios, debería volver a un esquema regulado, con miras de futuro, pensando en la seguridad de suministro y en el desarrollo tecnológico que redujera la dependencia de los hidrocarburos o de otras energías con problemas sociales o ambientales graves.